Novedades del caso Negreira contra el FC Barcelona, después de meses de silencio judicial. La nueva titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, ha prorrogado seis meses más, hasta el 1 de septiembre de 2025, la investigación sobre los 7,6 millones de euros pagados del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José Maria Enríquez Negreira y a su hijo, Javier, entre los años 2011 y 2018, según una resolución comunicada este miércoles y a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Además, ha citado a declarar como investigados a los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu, el 17 de junio; y Sandro Rosell, el 30 de junio, junto con el resto de investigados: los exdirectivos del FC Barcelona Òscar Grau y Albert Soler, además de Javier Enríquez. Se les acusa de los delitos de corrupción en los negocios, de administración desleal y de falsedad en documento mercantil. La mujer de Negreira, Ana Rufas, imputada por blanqueo el agosto pasado, ha sido citada a declarar el 17 de junio. Precisamente, el 1 de marzo pasado se cumplieron dos años de la investigación contra el club blaugrana y sus exdirectivos. El magistrado del caso, ahora jubilado, Joaquín Aguirre, los imputó en mayo de 2023, pero nunca fueron citados en el juzgado. Hasta ahora.
Negreira, el único citado
De los investigados, solo Enríquez Negreira fue citado a declarar en el juzgado, después de ser examinado por el forense porque su defensa indicaba que tenía principio de Alzheimer. El forense concluyó que estaba capacitado y solo tenía desmemoria por su avanzada edad. El exnúmero dos de los árbitros se acogió a su derecho a no declarar en marzo de 2024.
¿Prórroga correcta?
La decisión de la jueza es polémica porque está firmada el 26 de febrero pasado, pero se ha comunicado este miércoles, 12 de marzo, a todas las partes. Seguramente, algunas defensas presentarán recurso en contra y pedirán pruebas fehacientes de que la resolución está firmada ese día. ¿Por qué? Porque la prórroga se tenía que haber acordado antes del 1 de marzo, si no, sería nula y podría hacer cerrar toda la investigación. Hay otros juristas que sostienen que las declaraciones de los investigados deben hacerse porque fueron acordadas con anterioridad, como razona la magistrada Gil en su resolución.
No obstante, un precedente sonado es el caso Tsunami, contra el president en el exilio, Carles Puigdemont, la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros independentistas catalanes. El juez, ahora también jubilado, Manuel García-Castellón tiró la toalla y archivó el procedimiento contra los independentistas catalanes porque había prorrogado un día tarde la investigación, y porque no podía enviarlos a juicio porque nunca habían declarado como imputados. El Supremo se vio obligado a hacer lo mismo con Puigdemont y con el diputado de ERC Ruben Wagensberg.
El artículo 324 de Ley de enjuiciamiento criminal, reformado el 2020, fija que la investigación judicial se tiene que hacer en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa. Y, antes de que acabe este plazo, el juez de oficio o a petición de las partes, se puede prorrogar en periodos de seis meses. En el caso Negreira, el juez Aguirre había hecho ya dos prórrogas de seis meses, y la acusación popular del Real Madrid y la Fiscalía Anticorrupción pidieron la prórroga el enero y febrero pasados, respectivamente. La Liga, que también es acusación, sorprendentemente se opuso a la prórroga de la instrucción.
Investigación parada
En estos dos años de instrucción, la Guardia Civil no ha podido demostrar que los pagos, admitidos por el Barça, fueran para sobornar a árbitros e influir en partidos. Desde el club siempre se ha asegurado que se pagaban informes sobre los árbitros que le tocaban al Barça.
Además de Sandro Rosell (presidente del Barça de 2010 a 2014) y Josep Maria Bartomeu (presidente del club de 2014 a 2020), el juez Aguirre imputó al actual presidente del Barça, Joan Laporta, por los pagos de su primer mandato, al acusarlos a todos del delito de soborno, más grave y contando atrás la prescripción. La Audiencia de Barcelona se lo tumbó todo. En el delito de cohecho hace falta que haya un funcionario, y el tribunal aclaró que Enríquez Negreira no lo es, tal como razonaron todas las defensas. La causa ha estado parada desde el verano pasado.