El expresidente del Barça Sandro Rosell ha negado ante el juez que tuviera voluntad de defraudar en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio del 2012. Según la Fiscalía, evadió impuestos por valor de 229.569 euros.

El abogado de Rosell, Pau Molins, ha defendido en declaraciones a los medios que la acusación se sustenta por un "cambio de criterio sobrevenido" de la Administración Tributaria, que ahora considera fraude prácticas que el 2012 eran comunes. "No hay ningún ingreso oculto, los ingresos se notificaron de forma transparente a la Hacienda Pública, y los ingresos de la sociedad TOC se debían a los servicios que prestaba de asesoramiento en marketing deportivo y a compañías. Siempre lo había hecho así y nunca le habían dicho nada. Es evidente que aquí ha habido un cambio sobrevenido de criterio", ha asegurado.

Rosell ha llegado a la Ciutat de la Justícia custodiado por los Mossos d'Esquadra que lo han trasladado desde la prisión de Brians 2, donde se encuentra en prisión preventiva mientras espera que la Audiencia Nacional lo juzgue por blanquear presuntamente dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol. El abogado del expresidente del Barça ha subrayado que Rosell se ha mostrado dispuesto a pagar una multa por solucionar la situación "siempre que pueda hacerlo", dado que tiene cuentas embargadas por su posible responsabilidad económica derivada del caso de que investiga la Audiencia.

Según la Fiscalía, Rosell se dedujo indebidamente gastos a través de una sociedad administrada por él mismo de que se dedicaba a la organización de congresos. La sociedad, con sede en el domicilio del propio Rosell, carecía de estructura de la empresa y sus únicos trabajadores eran cinco personas que se encargaban del mantenimiento y la limpieza de las oficinas y de la segunda residencia del querellado, según mantiene la Fiscalía en su querella.

A lo largo del ejercicio del 2012, añade el ministerio público, Rosell utilizó la empresa para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación por IRPF y que derivaban de su actividad profesional. Según la Fiscalía, la empresa del querellado se dedicaba a emitir y cobrar facturas a clientes que eran del propio Rosell, con lo cual se ocultaban los ingresos del querellado a la Hacienda pública.

También el ministerio público acusa al expresidente del Barça de no haber incluido en su declaración del 2012 la imputación de rentas inmobiliarias correspondientes a un inmueble situado en la provincia de Girona. La querella añade que, a lo largo de la investigación de este fraude fiscal, la Agencia Tributaria ha detectado dos ingresos de 13,5 y de 5,6 millones de euros que Rosell percibió en el 2012, respectivamente, de Goldman Sachs y del Banco Rural del Brasil, cantidades que podrían elevar la cuota defraudada si se confirma que son ganancias patrimoniales no justificadas. En la declaración de este martes el expresidente no se ha referido a estos ingresos porque entiende que están relacionados con el caso de que investiga la Audiencia Nacional y, por lo tanto, está allí donde se tiene que explicar.