16 de los 68 municipios más grandes de Cataluña, o lo que es lo mismo, el 24%, han incumplido con el plazo legal establecido y la forma a la hora de rendir sus cuentas de 2023 ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya o lo han hecho de manera incompleta. Esto podría conllevar el suspenso del pago de subvenciones o transferencias al que pudieran tener derecho estos municipios con cargo a los presupuestos de la Generalitat, según prevé la Ley 18/2010 del órgano contable.

Entre los grandes ayuntamientos incumplidores, con más de 20.000 habitantes, y que a día de hoy aún no han presentado sus cuentas del año anterior ante el ente fiscalizador, se encuentran ciudades como Badalona, Sant Adrià del Besòs, Amposta y Vilassar de Mar. Por su parte, municipios como Rubí, el Prat de Llobregat, Mollet del Vallès, Sitges, Pineda de Mar, Sant Andreu de la Barca, Masnou y Vila-seca, entregaron sus cuentas a la Sindicatura, pero fuera del plazo legal fijado el 15 de octubre de 2024. En cambio, otras localidades como Olot i Premià de Mar, pese a cumplir con la fecha establecida, rindieron sus cuentas de manera parcial. Dos casos llamativos serían los de Cerdanyola del Vallès y Martorell, municipios que presentaron sus cuentas fuera de plazo y de manera incompleta.

En cambio, algunos de los grandes consistorios catalanes que sí realizaron los deberes y cumplieron con sus obligaciones contables fueron Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Lleida, Girona o Tarragona, entre otras.

A nivel territorial, los municipios de la provincia de Tarragona fueron los que registraron los peores resultados de rendición fuera de plazo (37%), seguido de los de la demarcación de Barcelona (34,5%), Lleida (26,4%) y Girona (14,5%). En este sentido, por tipología de organismo, solo el 40% de las mancomunidades de municipios presentaron a tiempo sus cuentas, mientras que el resto de las entidades superaron el 70% de cumplimiento.

BARCELONA

Más allá de presentar sus cuentas ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el sector de la auditoría, como así lo viene reclamando el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), apunta a la necesidad de exigir una auditoría externa de esas cuentas para mayores garantías de transparencia.

El CCJCC apunta que no hay una ley que obligue a los entes públicos a contar con esta auditoría externa por parte de una firma independiente, ya que legalmente la única entidad competente para fiscalizar externamente las cuentas de los entes locales es el Tribunal de Cuentas de España o la Sindicatura de Comptes en el caso de Catalunya, o los órganos equivalentes en otras Comunidades Autónomas, adicionalmente al control interno que realizan las propias Intervenciones Locales, pero que sería tan conveniente como en el caso del sector privado.

Ponen el ejemplo de Barcelona, que, entre los grandes municipios catalanes, sería el único municipio que actualmente audita las cuentas contando con la colaboración de una firma independiente, tanto lo que son las cuentas individuales como las consolidadas del año. Ello es un ejemplo de transparencia, de ejemplo de colaboración público-privada en el sector que permitiría a la Sociedad Civil apoyar a la Administración Pública en ganar en agilidad en el cumplimiento de sus obligaciones sin renunciar a la calidad de la información financiera suministrada.

De hecho, en un informe del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que analiza el nivel de auditoría de los entes locales en la Unión Europea, entre 25 ciudades europeas analizadas, Barcelona sobresale por publicar anualmente sus informes financieros en su web, así como los informes de auditoría financiera, siguiendo la estela de Londres, Berlín, Roma o Ámsterdam. Por su parte, Madrid sí que publica cada año el informe financiero en su web, pero no incluye ninguna auditoría, al igual que Valencia, cuya última auditoría era de 2013.

CORPORACIONES LOCALES

Aparte de municipios, si se amplía el radar a otro tipo de corporaciones locales, como diputaciones, consejos comarcales, entidades metropolitanas, mancomunidades y entidades descentralizadas, de un censo total de 1.112 entes, 327 entidades no enviaron las cuentas de 2023 dentro del plazo legal, lo que equivale al 29,4%, una ligera mejora de ocho puntos porcentuales respecto al año pasado cuando el incumplimiento fue del 37,5%.

Además de los municipios que no cumplieron con la ley catalana de la Sindicatura de Comptes, destacan otros organismos como la Diputación de Lleida y los consells comarcals del Baix Camp, Berguedà, Moianès, Segrià i Selva que todavía no han presentado sus cuentas del 2023. Otras comarcas como el Maresme, Montsià, Osona y Urgell, depositaron sus cuentas, pero fuera de plazo, y Alt Urgell, Bages, Baix Ebre, Garrotxa, Noguera, Pallars Sobirà, Ribera d’Ebre y Vallès Oriental, aunque dentro de plazo, lo hicieron parcialmente.