La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra el Banco Sabadell, el Banco Santander, Bankia y CaixaBank por presuntas prácticas anticompetitivas en la concesión de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por la Covid-19. Lo que este organismo investiga es que, a cambio de que los clientes pudieran acceder a esta línea de créditos para empresas y autónomos, estos bancos habrían puesto como condición la contratación de productos bancarios.

En paralelo, también se analiza la utilización de esta línea de avales para la reestructuración de deudas financieras preexistentes. Estos indicios llegaron a manos de la CNMC a través de su buzón covid.competencia@cnmc.es. Con el análisis realizado, el organismo considera que la actuación de estas entidades bancarias estarían lejos de la "buena fe" que se exige a las empresas hacia sus clientes, porque eso "podría haber incidido en la actuación de los usuarios" que querían acceder a estos créditos. Para la CNMC, eso podría suponer un "falseamiento de la libre competencia".

La alerta de Pimec

Durante el inicio de la pandemia y la puesta en marcha de los créditos ICO, la patronal Pimec ya alertó de estas posibles malas prácticas: "Los autónomos y las pymes son los sectores más afectados por la crisis del coronavirus y los que han tenido que pedir más créditos y, al mismo tiempo, a muchos les han exigido contratar productos complementarios con intereses muy altos". La patronal trasladaba que el tipo de interés podía llegar, en algunos casos, hasta el 6% y que los productos que principalmente "se obligaba a contratar" eran los seguros de vida.

A finales de abril del año pasado, Pimec decía que un 11,5% de las personas a las que habían encuestado trasladaban que se los había obligado a contratar otros productos bancarios. En aquel momento, el estudio de la patronal revelaba que el Santander era el banco que más aplicaba estas prácticas (en un 16,2% de los casos).

Los créditos ICO por la Covid-19

Durante la segunda quincena del mes de marzo de 2020, con el inicio de la pandemia y la aprobación del Estado de alarma, el Gobierno impulsó una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial, organismo que pertenece al Estado, dotada con 100.000 millones de euros y destinada a paliar los efectos económicos que han sufrido y siguen sufriendo las empresas y los autónomos.

Para poder solicitar estas ayudas, los clientes se tenían que dirigir a las entidades bancarias con las que el ICO ha suscrito acuerdos de colaboración. Los avales, defendía el Ministerio de Asuntos Económicos, se destinaban a "garantizar la liquidez" de las empresas y servía para pagar sueldos, facturas y otras obligaciones financieras o bien tributarias.

Hasta el 31 de mayo de 2021, se han avalado un total de 1.004.009 operaciones en el conjunto del Estado por valor de 91.178 millones de euros. En el caso catalán, las empresas han recibido 16.954 millones de euros —que representa el 18,6% de todo el importe concedido por toda España— y se han efectuado 194.817 operaciones. Sólo la Comunidad de Madrid supera Catalunya en los avales concedidos (18.301 millones de euros).

Finalmente, ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para que la CNMC instruya y resuelva el expediente abierto.

 

Imagen principal: Una persona con varios billetes de euros en la mano. Pixabay.