Buenas noticias para la economía catalana. Después de la calificación de la agencia de riesgos Fitch (que mejoraba el rating de BB en BBB-), que en julio situó a la Generalitat en grado de inversión y con perspectiva estable, la firma canadiense DBRS Morningstar (que es una de las cuatro grandes agencias mundiales de rating) se suma a esta calificación crediticia y le otorga a la Generalitat grado de inversión. Eso se traduce en que la deuda ya no recibe el trato de 'bono basura' en ninguno de los dos rankings, un hecho que no se producía en Catalunya desde el año 2012. Con esta calificación, DBRS ha subido un peldaño la nota de la Generalitat, de manera que pasa de tener un 'BB alto' a un 'BBB bajo', que es el primer nivel que abre la puerta a las inversiones catalogadas como fiables. Esta situación es una clara mejora de la perspectiva, dado que posibilita la vuelta de la Generalitat a los mercados financieros y a la reducción del interés que tiene que abonar para poder colocar la deuda que tiene.
El conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha explicado en declaraciones a la Agencia EFE que esta nueva calificación, que sitúa a la Generalitat en un contexto más favorable, "es una muy buena noticia que nos acerca un poco más al objetivo de volver a salir a los mercados durante esta legislatura". Giró ha detallado que esta opción supone "el funcionamiento ordinario y deseable para cualquier país a la hora de financiar su endeudamiento". Tanto el ranking de DBRS como el de Fitch demuestran, en opinión del titular del Departament d'Economia i Hisenda, que "Catalunya hace bien el trabajo", así como el hecho de que "la economía catalana se recupera adecuadamente y el paro se ha estabilizado" a pesar del "choque enorme que ha supuesto la pandemia".
Jaume Giró ha dejado bien claro que lo que quieren desde el Govern es "poder salir a los mercados para explorar los instrumentos más idóneos para emitir deuda en las mejores condiciones posibles y como signo inequívoco de confianza y fortaleza de la economía catalana". El conseller ha subrayado el hecho de que (al menos) dos agencias internacionales otorguen esta calificación de grado de inversión —y, por lo tanto, que se deje atrás el peldaño del 'bono basura'— por primera vez en una década. En relación con el Fondo de Liquidez Autonómico, ha indicado que, a pesar de ser instrumentos "útiles y positivos", "condicionan la autonomía financiera" de la Generalitat.
DBRS valora positivamente "el fortalecimiento" de la relación entre el Govern y el Estado
Entre los argumentos que expone la firma DBRS para situar en una perspectiva más estable a la Generalitat, destaca "el fortalecimiento lento, pero constante, durante los últimos tres años" en la relación entre el Govern y el Estado. Por otra parte, consideran "muy poco probable" una situación como la del año 2017: "Si bien la cuestión de la independencia seguirá siendo un asunto estructural a medio y largo plazo y podrían resurgir tensiones esporádicas, DBRS considera que ahora se puede esperar una cooperación económica y financiera relativamente fluida". En este sentido, hacen referencia a la mesa de diálogo, a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales o a la puesta en marcha de otras comisiones bilaterales.
Desde la vertiente financiera, la firma sostiene que la economía catalana "ha capeado hasta ahora relativamente bien el impacto económico de la pandemia de la covid-19" y enfatiza el hecho de que la Generalitat aprobara en tiempo y forma las cuentas de 2022 antes de que empezara el año, algo que no sucedía desde el 2010. Para más inri, la agencia DBRS Morningstar señala que hay margen para la mejora de la calificación crediticia si el Govern sigue con la consolidación fiscal o si también sube un peldaño la nota del Estado español. La firma pone en valor la gestión económica y apunta que los riesgos vinculados a la pandemia "parecen haber disminuido" al haber conseguido cerrar 2021 con un 10,2% del paro, una tasa inferior a la que había antes de la pandemia. DBRS detalla que seguirá monitorando los traspasos financieros del Estado en Catalunya, el control del gasto estructural y la velocidad de absorción de los fondos europeos.