El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) destinará un presupuesto de 30 millones de euros durante los próximos cuatro años con el objetivo de impulsar la creación de 4.500 puestos de trabajo entre los colectivos sociales con mayor dificultad de inserción laboral, como jóvenes y parados de larga duración.

Esta partida se enmarca dentro del Programa de apoyo a las políticas sociales municipales, focalizado principalmente en los planes de empleo impulsados por ayuntamientos, los planes de inserción en empresas, la promoción del autoempleo y la emprendeduría. Las aportaciones del AMB sufragarán un 80% del coste de los proyectos beneficiarios.

Reducir el paro crónico

El vicepresidente de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona (CON), Jaume Collboni ha comunicado que la iniciativa responde a una firme voluntad de reducir el paro crónico imperante en el entorno metropolitano que llegó hasta los 208.941 desocupados a cierre del 2015, lo que supone una tasa de paro próxima al 14%.

"Es evidente que aparte de las políticas de reactivación económica hay una parte del dinero que se tiene que destinar a la inserción laboral", ha subrayado. Reactivar la economía, sí, pero sin olvidarse de impulsar la inserción laboral y si van de la mano, mejor.

Repartir entre municipios

La primera de las dos convocatorias bianuales, correspondientes a 2016-2017 y 2018-2019 se llevará a cabo este mismo año y hace referencia a un 50% de las asignaciones aprobadas por el Consejo Metropolitano mientras que la otra mitad queda pendiente de cara a la segunda convocatoria que se realizará en el 2018.

La distribución de las partidas en los municipios se hará en base al índice de paro ponderado por la población y la renta disponible por habitante. Además, cada municipio tendrá que facilitar formación en prevención de riesgos laborales y gestión de residuos a todas las personas contratadas.

Misma inversión, más contratos

Partiendo de la misma inversión que se realizó durante la legislatura pasada, la AMB prevé superar los 3.990 contratos formalizados entre 2012 y 2015 y que correspondieron al mantenimiento de espacios urbanos, prestación de servicios a las personas y prestación de servicios públicos relacionados con la atención ciudadana. Según Collboni, se trata de servicios que suelen prestarse desde el sector público a causa de la poca rentabilidad que generan.

Los principales beneficiarios de esta inversión suelen ser hombres españoles, de entre 36 y 45 años, parados de larga duración con formación básica y responsabilidades familiares.