El Parlament de Catalunya ya no quiere que las empresas catalanas realicen operaciones financieras en Andorra. Este es uno de los mensajes principales que se desprende de una resolución presentada por la CUP y aprobada durante el debate de política general del pasado 6 de octubre, en que se pide al Govern que exija a licitadores, adjudicatarios y subcontratistas que no realicen operaciones financieras "en países que no tienen normas sobre control de capitales y son considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, en Andorra o en Mónaco".

Una resolución que ha sorprendido y mucho en el Principat pirenaico desde donde reivindican que ya no forman parte de la lista de paraísos fiscales. Más concretamente, el ministro de Finanzas y Función Pública, Jordi Cinca, ha asegurado que está de acuerdo con el trasfondo de la resolución ya que coincide con el hecho de que las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias, pero matiza que considerar Andorra como un hipotético paraíso fiscal "no responde a la realidad y a los esfuerzos que está haciendo el país para avanzar en la línea de la transparencia y la cooperación fiscal".

En los últimos años, Andorra ha procurado reinventar su modelo para avanzar en procesos de transparencia y evitar ser considerado un paraíso fiscal sin perder, sin embargo, su notable atractivo para las inversiones extranjeras. Y es que más allá de unos impuestos tradicionalmente bajos, el Govern andorrano ha creado un sistema tributario relativamente similar al de la UE a la vez que ha intentado colaborar en procesos judiciales como el caso Pujol.

Un dossier y sin galardones

Como prueba de todo ello, el Govern andorrano ha anunciado que hará llegar un dossier al Parlament de Catalunya para explicar la legalidad vigente así como los reconocimientos explícitos tanto por parte de la UE como la OCDE y de España, "con quienes hemos firmado un convenio para evitar la doble imposición". En este sentido, el presidente de la comisión Legislativa de Política Exterior, Carles Ensenyat, ha recordado que en caso de que la resolución se haga finalmente efectiva, se daría una situación en que las empresas andorranas no podrían trabajar para las administraciones públicas de Catalunya y en cambio las catalanas sí que lo podrían hacer en Andorra.

Al mismo tiempo, Andorra es protagonista de una segunda resolución también aprobada durante el debate de orientación política del Parlament. En este caso, se prohíbe la entrega de galardones y distinciones deportivas y culturales a personas que tengan su actividad empresarial en Catalunya pero que tengan el domicilio fiscal en "países considerados paraísos fiscales por la Unión Europea". Diferente resolución, pero los mismos ejemplos: "En Andorra o en Mónaco". Por lo que Ensenyat ha alertado que eso puede afectar a escritores andorranos que publican su obra en Barcelona.

Tanto para una resolución como para la otra, Cinca considera que "de lo que se trata es que todo el mundo cumpla con sus obligaciones, tanto empresas andorranas que quieran trabajar con la administración catalana como las catalanas que quieran trabajar con Andorra... Lo que cuenta es que cumplen con sus obligaciones fiscales tanto con Andorra como con su país de residencia fiscal". Y en este sentido, el objetivo principal del gobierno liderado por Antoni Martí es perder "la noticia explícita de Andorra" en las dos resoluciones del Parlament.