La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga los encargos del BBVA al excomisario José Villarejo que informe al expresidente de la entidad Francisco González de que las pesquisas incluyen una presunta administración desleal por utilizar recursos del banco para uso personal. En un informe del pasado 8 de julio al que ha tenido acceso Efe, los fiscales del caso instan al magistrado para que así se lo comunique a González, cumpliendo con el deber de información que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con el fin de que "posteriormente sea citado a declarar sobre tales hechos".

Anticorrupción se refiere a la utilización de los recursos del banco para valorar la adquisición de una finca a título privado, cuestión que ya salió a la luz durante el interrogatorio del exdirector de Riesgos del BBVA Antonio Béjar, también investigado. Según Béjar, el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad, ahora jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari, le habría dado "instrucciones precisas" para investigar la situación jurídica del propietario de una finca que González quería comprarse en El Escorial.

A tenor de su versión, Gortari le trasladó que González había pedido hablar con "los detectives esos" que trabajaban para el banco para que indagasen al respecto, en referencia a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo.

Más imputaciones

En su informe, Anticorrupción también propone que se cite como investigado al responsable de comunicación del BBVA, Pablo García Tobin, al guardar "relación estrecha con los hechos investigados" en esta pieza separada sobre los negocios del excomisario.

Además, su testimonio "no se encuentra amparado por secreto profesional alguno" y serviría para esclarecer los indicios pues "dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad", en alusión a FG (Francisco González). Los fiscales se remiten al interrogatorio de la responsable de seguridad física, Inés Díaz Ochagavia, quien relató que crearon una carpeta en la nube para "levantar la información" que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt, a instancias de García Tobin.

Anticorrupción sostiene que en la información de la que dispuso PwC a la hora de elaborar su "foresic" más en la documentación referenciada por el BBVA "no consta" ni aquella carpeta "ni la relación específica de metadatos" que podría permitir trazar el archivo desde su creación a la actualidad. Ello "evidenciaría qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo, máxime cuando existen correos electrónicos con archivos sin que consten los adjuntos".

Para la Fiscalía, todo ello se debe a que la contratación de los servicios de Cenyt fue "al margen del procedimiento de selección de los proveedores de la entidad" y "se mantuvo opaca para muchas de las personas que deberían haber tenido conocimiento".

Cuestiona la "presunta colaboración" del banco

El Ministerio Público cuestiona además la "presunta colaboración" del BBVA, si bien admite que la condición de persona jurídica investigada "impide que se le pueda requerir a que presente los datos pues se encuentra amparada por su derecho de defensa".

Sin embargo, "nada impide dejar constancia de la falta de colaboración, y no porque esté obligada, sino porque en todos los escritos presentados afirma su voluntad de colaboración que (...) resulta, sino incierta, totalmente sí sesgada e interesada".

El juez concede la prórroga

El informe de la Fiscalía solicita, del mismo modo, la prórroga del caso por su complejidad, argumentos que ya ha atendido el juez Manuel García Castellón, que este mismo martes ha ampliado la instrucción hasta el próximo 29 de enero. La "operación Trampa", novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el exconsejero delegado Ángel Cano. A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

El juez considera que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".

Imagen principal: Fotografía de la salida de Francisco González de la Audiencia Nacional después de declarar por el caso Villarejo - Efe