Respuesta al ultimátum de las 48 horas. El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, ha valorado la amenaza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de intervenir las cuentas de la Generalitat cómo una "ilegalidad" que "no tiene ampara en su propia normativa". Y no ha dudado en acusar al Estado de utilizar la ley de estabilidad presupuestaria "en fraude de ley" para aplicar el artículo 155 de la Constitución "por la puerta de atrás." "Se están saltando su ley para intentar parar la democracia", ha añadido.
Pero, el govern no tiene pensado quedarse de brazos cruzados y ante "la profunda irresponsabilidad", ya ha anticipado que presentará "batalla jurídica" con todos aquellos recursos que tiene a su alcance. Esto implica trasladar este asunto hasta los tribunales del Estado (donde se ha cuestionado "la separación de poderes") pero también hasta las más altas instituciones europeas ("el derecho al respeto"). Según Aragonès, "están secuestrando los impuestos que pagamos todos los catalanes y quieren irlos dejando en cuentagotas sólo por lo que les gusta."
El secretario ha explicado que el anuncio del gobierno "pone en riesgo el funcionamiento de la economía y los servicios públicos" ya que afectará a las disposiciones de gastos en educación, salud y servicios. No queda claro en qué posición quedan el gasto en seguridad, justicia, cárceles, servicios de emergencia o mantenimiento de infraestructuras, entre otros. A la espera de conocer más detalles de la intervención, Aragonès ha garantizado que todos los servicios públicos que dependen de la Generalitat seguirán financiados y atenderán todos los pagos previstos. "Lo están intentando todo para parar el referéndum. Están todos los escenarios previstos", ha concluido.