Acciona, la hasta ahora encargada de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) ha solicitado a la Generalitat la suspensión de la última propuesta de liquidación formulada por la comisión constituida para liquidar el contrato. La propuesta está cifrada en 53,86 millones de euros, y Acciona la cualifica de "fraudulenta".

El consorcio asegura que dicha propuesta, presentada el pasado 28 de diciembre, únicamente incorpora algunos retoques y matices de carácter cosmético pero mantiene "la esencia confiscatoria" de la primera, según las alegaciones presentadas esta semana.

La concesionaria cree que el procedimiento seguido es solo una apariencia y que su resultado estaba fijado desde el inicio para conseguir que la Generalitat "pudiera ocupar las instalaciones afectadas al servicio y cambiar la forma de gestión del mismo sin asumir más que un coste residual".

Acciona quiere más

Acciona alega que una cláusula del contrato entre la ATLL y la Generalitat contempla que, en caso de resolución del contrato durante el periodo de vigencia, la administración catalana debe una compensación, que la compañía cifra en 305,2 millones de euros. Además de esta partida, la compañía mantiene la reclamación de 1.036 millones de euros, que incluye la compensación mencionada de 305,2 millones y una reclamación por perjuicio económico por lucro cesante valorado en 769 millones, al que se le resta el importe neto de los conceptos por liquidación ordinaria del contrato.

Acciona se remite a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya referidas al contrato y alega que "resulta con claridad que la nulidad del contrato ATLL se produce como consecuencia de una causa exclusivamente imputable a la administración". Ante esta situación, Acciona solicita que si se iniciara un procedimiento de liquidación "que no incurriera en las patentes irregularidades y vicios invalidantes" del actual, debería ser uno nuevo y auténtico para respetar todas las garantías, a fin de fijar de forma razonable y razonada la cantidad a compensar a ATLL, en sus palabras.

El consorcio está inmerso un proceso de desahucio administrativo iniciado por la Generalitat y sus 350 empleados están dados de alta en la Seguridad Social por la misma ATLL y la nueva ATL pública de la Generalitat, denominada Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat.

Pioneer se apunta al carro

Pioneer Point Partners, el socio internacional de Acciona en el consorcio de la ATLL, ha afirmado este jueves en un comunicado que las acciones que está llevando a cabo la Generalitat para renacionalizar la ATLL son "injustas, ilegales e incluso fraudulentas".

"Las acciones de la Generalitat equivalen a un intento de confiscar ilegalmente, con o sin compensación, un activo debidamente contratado de la concesionaria", alegan, además de mostrarse sorprendidos por la actuación de la administración catalana con los inversores, que consideran chocantes por ser de un gobierno regional europeo.

La compañía asegura que con esta actuación la Generalitat tiene poca visión de futuro si su objetivo es "convertirse en un Estado respetable de la Unión Europea".