Los economistas insisten en la necesidad de revertir la tendencia de los últimos años y ajustar el cálculo de las pensiones a la cotización de sus contribuyentes. Ahora bien, el sistema adaptado en base al IPC que el Gobierno aprobó y que, con el último dato estimado de noviembre, ya ha permitido recalcular los cobros vuelve a poner encima de la mesa que este sistema no es viable si se quiere cumplir con lo que marca Bruselas desde la Comisión Europea. Y la negativa a no cumplir las pautas marcadas por Europa no es menor: de eso depende poder cobrar los fondos europeos. En el caso de España, está previsto que reciba 70.000 millones de euros en transferencias hasta el 2026. Teniendo en cuenta que con el nuevo cálculo en base al IPC y la retasación de las pensiones al 8,45%, ya se gastarán 13.500 millones de euros el próximo 2023, parece más necesario que nunca no desviarse del camino marcado. Por eso, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene prisa y prevé completar de aquí a finales del 2022 la segunda parte reforma de las pensiones, que incluye negociar medidas tan polémicas como el cambio del sistema de cómputo para encontrar la cuantía de las pensiones, y el tope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima. Sin ir más lejos, este lunes se planteó en los agentes sociales una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión, que supondrá elevarlo a 30 años y se podría escoger los mejores 28 años. Según fuentes del Ministerio, el cambio "se realizaría de manera progresiva" e iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada después de tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género.
El Tribunal de Cuentas Europeo avisa a España
A pesar de todo, estas medidas son, hoy por hoy, insuficientes para cumplir con los deberes que marca la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo advierte al gobierno de Pedro Sánchez que tiene que mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y apunta a que el Estado necesitará introducir "ajustes fiscales proporcionales en el futuro" para afrontar el esperado impacto global del aumento del gasto en pensiones. Para los auditores de la UE, la reforma de las pensiones es una laguna en los Planes de Recuperación que han presentado la mayoría de países. En el caso español, la preocupación aumenta porque la reciente Ley de reforma ha instaurado el ya citado sistema de retasación anual de las pagas en función del IPC, y por la avalancha de jubilaciones esperado en los próximos años a causa del retiro masivo de la generación del baby boom. De todo eso, la Comisión Europea ha advertido varias veces y el tema se repite. De hecho, el Ejecutivo comunitario lanzó un aviso a España a finales de junio de 2022, alertando del riesgo de que se produzca un "agujero significativo" en el sistema de pensiones, por lo que instaba completar todas las medidas pactadas en este ámbito para garantizar la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo, entre ellas la ampliación del periodo de cómputo.
Asimismo, varios planes de recuperación y resiliencia no abordaron los elementos relacionados con la sostenibilidad de las pensiones (Alemania, Francia, Italia y parcialmente España) o la fiscalidad (Alemania e Italia). Ahora bien, la gran diferencia de España con los otros es que esta no tiene una base tan sólida de sus fondos ni recursos, pero tampoco una estructura salarial que compense por el otro lado con trabajos remunerados de más calidad y aporte una contraprestación al gasto en jubilaciones. Y en el último informe de este Tribunal Europeo se constata cómo, de la media entre hitos y medidas a tomar, España gana en el global, y es la que tiene más deberes pendientes.
Pero no solo eso. En el último informe, Bruselas también insta a España a revisar sus planes de gasto público, mientras en los otros tan solo cita retos menores: Francia que haga una evaluación del techo de gasto; Croacia que mejore las notificaciones fiscales; Grecia que fomente la aceleración de las devoluciones del IVA; Alemania que agilice la digitalización; e Italia que lleve a cabo una reforma del marco de revisión de gasto público. Y las conclusiones que da en el caso español son directos: "está a una proporción relativamente baja de los costes, la metodología utilizada no se explica lo bastante bien y el enlace entre la justificación y los costes estimados no es lo bastante claro para considerar que los costes son razonables. Además, para una proporción relativamente baja de los costes, no se dispone de datos históricos o comparativos suficientes relativos a los principales factores de coste para considerar que los costes son verosímiles". Así pues, hay mucho en juego si La Moncloa no cumple y puede acabar siendo el estado miembro más perjudicado si tenemos en cuenta su elevada asignación de ayudas, tan solo por debajo de Italia con respecto a la contribución financiera máxima del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en comparación con la tasa de absorción y las asignaciones en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos:
Así pues, el camino claro está marcado: cumplir las directrices europeas y equilibrar la balanza de los compromisos y acuerdos cerrados por el Gobierno. Si hay que encontrar el encaje, la contra para aumentar las pensiones de acuerdo con el IPC son medidas que el ministro Escrivá ya deja entrever y ya provocan las primeras reacciones contrarias. Habrá que ver si "el precio a pagar" compensa y convence a los principales agentes sociales del país que participan de las mesas de negociación.