El régimen de los trabajadores autónomos se encuentra en plenas negociaciones para renovarlo porque el sistema actual es poco sostenible en términos financieros a medio y largo plazo. Ahora bien, según el estudio Impacto y valoración de la reforma del régimen de autónomos elaborado por la Cambra de Barcelona, presentado este miércoles por la presidenta de la corporación, Mònica Roca, y el director del gabinete de estudios económicos de la Cambra, Joan Ramon Rovira, la reforma que está preparando el Gobierno no sería equitativa para el conjunto de los autónomos y, además, provocaría un perjuicio para ellos, ya que pasarían a pagar, por término medio, un 10% más impuestos que el conjunto de la actividad de negocio, que se traduce al tributar, por término medio, un 43,8% de sus ingresos.
El motivo de la reforma, como ya hemos dicho, este sistema es insostenible porque aunque las prestaciones recibidas por los autónomos se sitúan casi un 20% por debajo de los recibidos por los asalariados, sus cotizaciones son casi un 40% inferiores a los de los asalariados y, a la fuerza, para equiparar estos dos porcentajes se tienen que subir las cotizaciones de los autónomos a la fuerza. Con la propuesta del ministerio, las cotizaciones, que actualmente son voluntarias y, por término medio, se sitúan en el 7,7%, pasarían a ser obligatorias y progresivamente irían aumentando hasta el 30% por término medio el año 2031. Ahora bien, hay que recordar que la propuesta del Gobierno prevé que las cuotas de los autónomos tengan una serie de tramos en función de los ingresos de cada autónomo, el que provoca que algunos autónomos pasarían a pagar menos cuota que en la actualidad y que muchos vean aumentadas sus cuotas.
Ganadores... y perdedores
Como con todo, esta reforma tendría un gran número de ganadores y perdedores. Tal como explica la Cambra, si finalmente se aprobara la reforma, de los 3,2 millones de declarantes por actividades económicas en el IRPF unos 2,1 millones se ahorrarían unos 800 € anual, ahora bien, más de un millón de personas pasarían a pagar unos 6.000 € anuales más. Eso para el Ministerio de Hacienda representaría dejarían de ingresar 1.600 millones por este ahorro en las cuotas mientras que, por otra parte, el Gobierno ingresaría unos 6.200 millones más con las alzas de las cuotas. Al final, con todo, Hacienda ingresaría unos 4.600 millones de euros limpios|netos más gracias a la reforma.
Con todo eso, la principal conclusión de la Cambra, es que la propuesta del Ministerio no sería equitativa "porque penalizaría a los autónomos con una presión tributaria total muy superior a la soportada por un mismo tipo de negocio configurado en forma de sociedad mercantil con asalariados sujeto al régimen general de la Seguridad Social" ni eficiente, ya que este exceso de presión tributaria restaría incentivos a la emprendeduría, de la que depende en gran parte el dinamismo productivo y empresarial de una sociedad.
Para evitar este gran perjuicio para muchos de los autónomos del país, la Cambra propone que el tipo de cotización se aplique sobre el rendimiento neto generado por un autónomo y que la cotización no sea de este 30% sino del 18%, sin embargo, eso sí, por encima del 7,7% actual cuando se cotiza por la mínima. Al final, eso provocaría que un autónomo medio pasas a pagar unos 8.296,4 euros anuales más en términos impositivos con la propuesta de la Cambra.
Cambio de paradigma
Con todo eso, la otra gran reivindicación de la Cambra con respecto a la reforma de los autónomos es la reclamación de un cambio de paradigma con respecto al reconocimiento del colectivo. Eso quiere decir que se pide que el Gobierno empiece a tener en cuenta la diversidad del colectivo, que por conveniencia estadística se agrupa bajo la etiqueta de autónomos. Al fin y al cabo, la corporación está pidiendo que se segmente el colectivo, concretamente en tres categorías, las personas empresarias, las profesionales y las trabajadoras por cuenta propia.
En este sentido, el documento contempla diferentes opciones para estos tres grupos. Con respecto a los autónomos empresarios, proponen que se les excluya de la cotización obligatoria a la Seguridad Social, y se les permita aportar una cotización voluntaria para obtener un cierto nivel de prestaciones como por ejemplo la jubilación, la incapacidad laboral transitoria o el cese de la actividad, proporcional, a las cotizaciones realizadas en términos actuariales. Alternativamente, los empresarios autónomos podrían optar en instrumentos de previsión privados con regulación pública, según sus preferencias y circunstancias.
Con respecto a los profesionales, encuadrados en colegios y organizaciones que regulan el acceso y el ejercicio de la actividad, podrían, a través de estas entidades representativas, constituir instrumentos de previsión social ajustados a las circunstancias específicas de este colectivo. Y por último, en el caso de los trabajadores autónomos, la Cambra pedir asimilar, en cierta manera, una escala de pago más parecida al sistema del IRPF en el cual están encuadrados los asalariados, y piden tener en cuenta que una parte de este colectivo genera un nivel de ingresos demasiado bajo para soportar una carga tributaria proporcional al coste de las prestaciones sociales que permitan garantizar de un nivel de vida mínimamente digna.
¿Qué se hace en Europa?
Otra gran pregunta sobre el régimen de los autónomos es qué se está haciendo al resto de países europeos al respecto. En este caso, el modelo de regulación más común, establecido en Francia, Italia, Portugal o Reino Unido por ejemplo, establece que los autónomos contribuyen con una cuota proporcional al rendimiento neto del negocio, tal como establece la reforma del Gobierno. Ahora bien, lo que también es cierto es que los tipos de cotización de estos países son inferiores al 30,6% que propone el Estado y también son significativamente inferiores a los tipos aplicados a los asalariados, de hecho se sitúan en el entorno del 20- 25%.
Por otra parte, también hay países, donde la presión tributaria se canaliza por la vía de los impuestos generales en lugar de las cotizaciones sociales, como es el caso de Dinamarca, o como en el caso de los Países Bajos y Alemania donde los asalariados y los autónomos están obligados a contratar un seguro sanitario, pero no se obliga indiscriminadamente en todos a los autónomos a cotizar por contingencias como la jubilación. En el caso específico de Alemania, la obligación de contribuir afecta solo a determinados colectivos de autónomos: principalmente a los profesionales a través de sus colegios y a los oficios artesanales mediante las asociaciones que los representan.