El Banco de España valora positivamente que se haya conseguido el objetivo principal de evitar la quiebra de un buen número de entidades, lo que habría tenido "efectos demoledores" sobre la estabilidad del sistema, la economía real y el empleo. Sin embargo, se estima que el Estado solamente recuperará unos 16.337 millones de euros de las ayudas concedidas a las catorce entidades que han recibido apoyo de capital, lo que supone un 21,4% del total recibido, que asciende a 76.410 millones de euros. O lo que es lo mismo, se dan por perdidos más de 60.000 millones.
La institución estima que hasta la fecha solamente se han devuelto 4.139 millones de euros, lo que equivale al 6,45% del total recibido por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC). Del total devuelto, 3.466 millones de euros corresponden a ayuda recibida del FROB y 673 millones de euros al FGDEC. Así, la diferencia entre las ayudas y los reembolsos equivale a un 5,6% del producto interior bruto (PIB) del 2015.
Estas cifras no incluyen las pérdidas soportadas por los antiguos accionistas de la entidades ni las de los tenedores de preferentes y deuda subordinada ni los ejercicios de gestión de híbridos realizados como parte del acuerdo de asistencia financiera firmado con el MEDE. La institución estima que el importe recuperable se sitúa en 12.198 millones de euros, lo que supone un 19% del total. Esa cifra se suma a la cantidad que ya se ha devuelto, 4.139 millones de euros.
Sin crítica
El organismo que preside Luis María Linde ha analizado la crisis financiera y bancaria en España (2008-2015) en el "Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014" que incluye estas cifras y considera que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo económico de España hacía muy vulnerable a las entidades, principalmente a las cajas de ahorros. Por eso repasa, sin hacer ninguna crítica explícita, las medidas llevadas a cabo para no tener que liquidar ninguna entidad, lo que, además de conllevar la pérdida de confianza sobre el resto del sector, habría supuesto grandes pérdidas para los ahorradores o los contribuyentes, puesto que los fondos de garantía de depósitos habrían necesitado ayudas públicas.
El Banco de España recuerda que el sector financiero español resistió "razonablemente bien" los primeros efectos de la crisis de las hipotecas subprime en 2007, pero la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre del 2008 complicó la situación y ya en 2009 la crisis empezó a afectar a la solvencia de las entidades españolas. Inicialmente se optó por la búsqueda de soluciones privadas entre las entidades, exigir mayores saneamientos y favorecer integraciones, con lo que surgieron las "fusiones frías" o los denominados SIP, un sistema institucional de protección.
Como en algunos casos iba a ser necesaria la inyección de fondos públicos, se creó entonces el FROB, un fondo público que tuvo que ayudar a la creación de la mayoría de grupos de cajas, pues estas entidades tenían limitaciones legales para captar capital. El número de cajas pasó de 45 en 2008 a 10 grupos, de los que 8 se han convertido en bancos; el número de oficinas se redujo un 32,3%, hasta menos de 31.000 a cierre del 2015, y la cifra de empleados mermó un 27%, hasta 197.825.
El FROB y "los brotes verdes"
En ese tiempo, el Banco de España destaca el esfuerzo para sanear los balances con dotaciones cercanas a 300.000 millones, el 28 % del PIB, y también la mejora de los niveles de solvencia. La ayuda pública del FROB fue a parar exclusivamente a las cajas, inicialmente mediante la compra de participaciones preferentes en 2010, cuando el Gobierno socialista comenzó a hablar de "brotes verdes".
"La extensión de la crisis de deuda soberana en la zona del euro" y la vuelta a la recesión de la economía española (algo no previsto por los organismos internacionales) exigió nuevos apoyos a la banca en 2011, rememora el informe. En ese año, tras la salida a Bolsa de Bankia, el Banco de España recuerda que las tensiones en los mercados financieros se renovaron, se endurecieron las condiciones de financiación, el paro llegó al 23%, se intensificó el ajuste el sector inmobiliario y siguió aumentando la morosidad.
Ante esta realidad, las ayudas a la banca acabaron siendo una vez más insuficientes para recuperar la estabilidad del sector, al tiempo que se endurecían los requisitos legales, por lo que España tuvo que pedir el rescate financiero a Europa, el FROB inyectó capital a nueve grupos bancarios y suscribió acciones de Sareb, el banco malo que España se vio obligada a crear.