La Comisión Europea (CE) aprobó este lunes que España reciba un segundo tramo de 12.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo pospandemia tras constatar que ha acometido las medidas pactadas para este desembolso, entre ellas la reforma laboral y parte de la de pensiones. Este desembolso, que aún debe ser aprobado por los Estados miembro de la Unión Europa en un plazo de cuatro semanas para hacerse efectivo, es el más voluminoso de los previstos para toda la vida del plan de recuperación español y se sumaría al anticipo de 9.000 millones de euros y el primer pago ordinario de 10.000 millones que España recibió en 2021.
Con ello, el país habría obtenido ya 31.000 millones, casi la mitad del total de 69.500 millones de euros en transferencias que le corresponden del fondo Next Generation, mientras el Gobierno se prepara además para solicitar en la segunda mitad de año los préstamos a los que también tiene derecho. "Creemos que España ha hecho suficiente progreso en la implementación de su plan de recuperación nacional para recibir un segundo pago del Next Generation EU (...). España está mostrando un continuado impulso reformista en áreas políticas clave como el mercado laboral y la sostenibilidad de las finanzas públicas", ha dicho en un comunicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Cumplir con las reformas para tener acceso a los fondos
En concreto, para recibir luz verde del Ejecutivo a este desembolso, solicitado el pasado 30 de abril, España tenía que cumplir los 40 hitos y objetivos, en su mayoría reformas, que contemplaba el plan de recuperación para este periodo dentro de plazo, bien el año pasado o en los primeros meses de este. Las reformas más importantes en este tramo eran las del mercado laboral, con la simplificación de los contratos, el mecanismo para hacer permanentes los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y los cambios en la negociación colectiva. También se le pedía una parte de la reforma de las pensiones, en concreto su vinculación a la inflación para mantener su poder adquisitivo y el aumento de la edad de jubilación efectiva.
El Gobierno estima que la indexación al coste de la vida aumentará el gasto público en pensiones en torno a 2,7 puntos del PIB para 2050, mientras que los incentivos para prolongar la vida laboral generarían un ahorro de entre el 1,1 % y el 1,6 % del PIB en ese mismo plazo, unas estimaciones que Bruselas considera plausibles. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal de la reforma, que España debe garantizar según lo pactado con la Comisión, no se evaluará hasta que se hayan adoptado el resto de elementos de la misma: la revisión del sistema para los autónomos, el mecanismo de equidad intergeneracional y una actualización por parte del Gobierno de sus estimaciones sobre la viabilidad fiscal del sistema.
Pero estas medidas, que deben completarse para finales de este año, están vinculadas al tercer y cuarto desembolsos, previstos para el segundo semestre de 2022 y el primero de 2023, respectivamente, por lo que no será hasta entonces cuando Bruselas se pronuncie sobre la sosteniblidad de la reforma. Además de las reformas laboral y de pensiones, para ver aprobado hoy el segundo desembolso, España ha implementado, entre otras medidas, el impuesto a los plásticos de un solo uso, la asignación de la banda del espectro de 700 Mhz, la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada o la firma de cuatro convenios del Ministerio de Ciencia con comunidades autónomas para la aplicación de planes en I+D.