Bruselas avisa de que la ampliación del aeropuerto del Prat "no puede afectar significativamente" al espacio natural del Delta del Llobregat. La Comisión Europea supedita su aval al proyecto a "una evaluación apropiada de las repercusiones de la ampliación" que demuestre un impacto medioambiental menor en esta área protegida para las aves, según han apuntado fuentes comunitarias a la ACN.
Aena ya ha comunicado a Bruselas sus planes de ampliación del aeropuerto, pero, si salen adelante, el ejecutivo europeo vigilará que se cumplan todos los requisitos europeos, "especialmente los que marca la directiva de hábitats naturales", antes de dar luz verde a la construcción de una extensión en el aeropuerto.
Teniendo en cuenta que la anterior ampliación de las instalaciones aeroportuarias ya perjudicó el espacio natural del delta, la Comisión ahora fija por adelantado sus líneas rojas al nuevo proyecto que ha dividido a las administraciones implicadas. La Generalitat finalmente se ha comprometido a facilitar el plan de Aena con algunas condiciones, pero el Ayuntamiento de Barcelona está en contra, aunque el PSC se ha mostrado favorable.
Procedimiento de infracción
El aviso de Bruselas se enmarca en el procedimiento de infracción abierto al principio de año por el deterioro del delta del Llobregat a consecuencia de la anterior expansión del aeropuerto y el puerto de Barcelona. La Comisión Europea reclama medidas que protejan este ecosistema y ve "insuficiente" el plan especial para compensar el daño causado.
El ejecutivo europeo remarca la "fragilidad" del ecosistema del delta del Llobregat, que tiene "un rol crucial en las rutas migratorias de muchas especies europeas" y forma parte de la red europea de áreas protegidas Naturaleza 2000.
La Ricarda
El proyecto de Aena, que comportaría una inversión de más de 1.700 millones de euros, supondría destruir la laguna de La Ricarda, en el delta del Llobregat, que quedaría invadida por la tercera pista del aeropuerto. Como compensación, Aena propone regenerar el ecosistema perdido en una extensión de terreno cinco veces superior a la que se perdería, en terrenos contiguos a esta zona, si bien cualquier operación de este alcance tendría que contar antes con el aval de la Comisión Europea.