La Comisión Europea ha lanzado un aviso este miércoles que afecta a España. Así pues, enmarcados en el objetivo de reducir los niveles de deuda y déficit, estudian imponer sanciones automáticas en caso de incumplimiento con aquello estipulado en función de la situación nacional de cada estado. Un aspecto que, hoy por hoy, está incumpliendo el gobierno de Pedro Sánchez. La Comisión también ha avisado de que, a la contra, dará más flexibilidad para llegar a los objetivos, pero está la obligación de cumplir con los plazos establecidos. Así pues, desde la Unión Europea se ha presentado un nuevo documento no legislativo que alimentará el debate de los próximos meses sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se considera demasiado "complejo", así como poco "realista" e, incluso, perjudicial al crecimiento.

España, por detrás de Grecia y Portugal

La propuesta mantiene la meta de reducir la deuda por debajo del 60% del PIB y que el déficit sea inferior al 3%, pero elimina la regla que obliga a los socios a reducir cada año el exceso de deuda, a favor de un camino diseñado por cada gobierno en función de la situación fiscal. Si entramos en el detalle, el nivel de endeudamiento a nivel fiscal de España se sitúa en el 116%, por encima está Grecia con un 182% o Portugal con un 123%. Por debajo, la mayoría de los otros estados donde destaca el mínimo marcado por Estonia con un 17%. Desde el Gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño, ya avanzó su acuerdo en estos plazos más flexibles, pero ahora tendrán que estudiar en qué consisten estas sanciones si, a pesar de las ayudas, siguen sin ponerse al día. La principal línea avanzada es fijar multas del 0,2% del PIB que prevé el marco fiscal actual (que en el caso de España se traducirían en multas potenciales de hasta 2.400 millones). Con ellas, el nuevo enfoque prevé sanciones de decenas de millones de euros, parecidos a las que Bruselas propone a los expedientes de infracción contra países.

"Si miras como ha funcionado el marco de gobernanza fiscal en las últimas décadas, hay que arreglar varias cosas", ha reconocido en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, que ha recordado que la deuda es "demasiado alto" a algunos países, los periodos de bonanza no se utilizaron para crear colchones fiscales y "casi todos los países se han saltado las normas en algún momento". El nuevo indicador clave para determinar el ajuste fiscal y evaluar si los Estados cumplen será "el gasto neto", que se traducirá en límites al gasto público en los presupuestos anuales, de manera que Bruselas busca "simplificar" las normas. Los países tendrán que presentar "planes fiscales a medio plazo", para un periodo de cuatro años, que garanticen que la deuda entra en una trayectoria descendente y el déficit se mantiene por debajo del 3% del PIB.

Margen de tres años

Además, los gobiernos podrán recibir hasta tres años adicionales para emprender el ajuste previsto cuando propongan reformas e inversiones que impulsen el crecimiento o la sostenibilidad fiscal o ayuden a cumplir las recomendaciones de Bruselas. Los planes tendrán que ser aprobados tanto por la Comisión Europea, que propondrá un camino de ajuste de referencia para los países con deuda alta o moderada, como por el resto de socios de la Unión Europea y plasmarse a los presupuestos nacionales. "En última instancia, lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembros reduzcan sus ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida", ha añadido a la presentación de la propuesta al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa conjunta.

A cambio de esta flexibilidad mayor en la reducción de la deuda, que reclamaban socios como España, Francia o Italia, el Ejecutivo comunitario propone ampliar el arsenal de sanciones si algún país se desvía del camino de gasto pactado con las instituciones comunitarias. En un gesto para acercarse a socios como Alemania, los Países Bajos o Austria, que los últimos años han criticado la ausencia de multas para los países más endeudados. Eso reduciría la discrecionalidad de las autoridades comunitarias para adoptar sanciones, pero las multas serían de menor cuantía y se centrarán más en en el efecto que tendrían sobre la reputación de los Estados miembros castigados.

Por otra parte, el nuevo marco fiscal incluye también la posibilidad de activar una cláusula general de escape que suspenda la aplicación de las reglas, como pasó a la pandemia y después de la guerra en Ucrania, y añade la posibilidad que esta suspensión se aplique únicamente en un país o grupo de países que sufran una crisis específica. En contra, queda fuera la posibilidad de introducir una "regla de oro" que excluya del cálculo del déficit las inversiones en prioridades como las transiciones verde o digital o defensa, una opción que los 27 han abordado estos meses atrás pero sobre la cual "no ha surgido un consenso", recuerda Bruselas.