La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar España al Tribunal de Justicia de la UE para incumplir la directiva europea de eficiencia energética. Concretamente, el ejecutivo comunitario argumenta que el Estado "no "garantiza" los requisitos de medición individual en edificios con varios pisos y de usos múltiples que prevé la normativa. La directiva requiere la instalación de contadores individuales para la calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica en todos aquellos edificios donde los servicios se reciben desde una instalación colectiva, como a través de una caldera colectiva.
Según la normativa europea "los contadores tienen que instalarse, donde sea viable y rentable técnicamente, en todos los edificios existentes". Sin embargo, las medidas de transposición nacionales españolas imponen este requisito sólo en los edificios construidos después del 2007.
Por otra parte, tampoco se han invertido correctamente las medidas que la directiva prevé cuando la instalación no es viable técnicamente, como utilizar a los denominados "asignadores de costes de calor" en cada radiador. Las respectivas normas de la UE tenían que aplicarse en la legislación nacional antes del 5 de junio del 2014.
Con la decisión de llevar España ante los tribunales europeos, la Comisión Europea da el último paso previsto en un procedimiento de infracción. Bruselas abrió el procedimiento en octubre del 2017 con una carta de notificación formal, un primer aviso en que se solicita información. Más tarde, en marzo del 2018, la Comisión optó por enviar un dictamen motivado, instando al Estado a actuar. Finalmente, será el Tribunal de Justicia de la UE quien tendrá que valorar si España ha incumplido o no la legislación europea.