La Comisión Europea ha recomendado a los estados miembros que "modernicen" su ingreso mínimo vital incrementando la dotación económica para luchar contra la pobreza y la exclusión social en Europa. El Ejecutivo ha propuesto que los países eleven el ingreso para garantizar la inclusión social y promover la integración en el mercado laboral. "Es un momento en que muchas personas luchan para llegar a final de mes, será importante que en otoño los estados modernicen sus redes de seguridad social poniendo el foco en la inclusión activa para ayudar a más necesitados", ha indicado el vicepresidente económico de la Comisión Europa, Valdis Dombrovskis. Además, el Ejecutivo comunitario ha recomendado mejorar la transparencia del sistema de los ingresos mínimos vitales, que la decisión de conceder o no esta ayuda se comunique con treinta días desde que se ha efectuado la petición y, en caso de que sea concedida, que en un plazo de tres meses se proporcione un plan de inclusión individualizado al beneficiario.
"Vida digna"
El ingreso mínimo vital se articula como una serie de pagos que ayudan a las familias a cerrar la brecha hasta un determinado nivel de ingresos para que tengan una "vida digna". En este marco, Bruselas ha recomendado mejorar los incentivos para impulsar la integración en el mercado laboral, así como la inversión en capacitación y educación. Este ingreso se configura como una herramienta activa para mejorar las perspectivas de acceso al trabajo y, tal como ha apuntado el Ejecutivo comunitario, "si está bien diseñado permite reducir la pobreza e incentivar la integración laboral con unos gastos presupuestarios sostenibles". En este sentido, Bruselas ha puesto en valor este instrumento durante las "recesiones económicas", ya que ayuda a amortiguar la caída de los ingresos de las familias vulnerables.
"Más de una de cada cinco personas en la UE están en riesgo de pobreza y exclusión social", ha expuesto el comisario de Derechos Sociales, Nicolas Schmit, que ha señalado que los estados miembros disponen de esquemas de ingreso mínimo vital, pero no siempre "llegan a todas las personas que lo necesitan". La Comisión Europea ha recomendado que el diseño de este ingreso aproveche las oportunidades laborales de las transiciones verdes y digitales y que los beneficiarios tengan acceso a los servicios sociales como el sanitario y de educación, además de los servicios esenciales como el de la electricidad o el agua. Con esta propuesta, Bruselas se ha puesto como objetivo reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión en, al menos, 15 millones de personas para el 2030 y que el 78% de la población europea de entre 20 a 64 años tenga trabajo.
Amianto
Paralelamente, el ejecutivo comunitario ha presentado una propuesta para proteger a las personas y al medio ambiente del amianto, ya que es el "responsable de muchas muertes evitables en la Unión Europea". El paquete presentado por Bruselas incluye una propuesta para modificar la directiva sobre el amianto para mejorar la protección de los trabajadores y reducir su exposición a esta sustancia. Aunque los usos del amianto están prohibidos en la Unión Europea desde el 2005, esta materia continúa presente en edificios y se configura como una amenaza para la salud.