El enredo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre quién tiene que pagar el impuesto de las hipotecas y si este impuesto tiene retroactividad o no es el tema central en el sector bancario las últimas semanas. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dicho hoy que "tenemos que esperar al 5 de noviembre porque no sabemos todavía de qué situación" estamos "hablando", pero de todos modos, "consideramos que no tiene sentido que por haber cumplido una norma ahora salgamos penalizados".
En este sentido, pues, Gortázar ha asegurado que "respetamos las decisiones del Supremo y creemos que todos los ciudadanos lo tenemos que hacer", y de esta manera, "adaptaremos nuestra práctica en el tema de las hipotecas a lo que decida el TS". Con todo, el consejero delegado ha querido recordar que "estamos hablando de una sentencia que dice que una norma que ha estado en vigor durante 23 años no es válida. Lógicamente, si esta norma no es válida, la dejamos de aplicar, pero consideramos que no tiene sentido que por haber cumplido una norma ahora salgamos penalizados".
"Entendemos y valoramos que los entes públicos procuren desbloquear esta situación, pero por parte de los bancos no existe ninguna mala fe", y así, "se entiende que si no hemos hecho nada malo, no nos tendrían que penalizar a nosotros". Según Gortázar, "la cifra debe ser que no tenemos que sufrir un impacto económico; a nivel de reputación aquí no hay nada a qué acogerse para criticar el sector bancario, no hay ninguna mala praxis, simplemente se ha seguido una norma".
Consideran "innecesarias" las provisiones
A pesar de la situación, CaixaBank no ha incluido provisiones en las cuentas de la entidad por el tema de las hipotecas. Así lo ha explicado Gortázar, diciendo que "nuestra expectativa es que, como nuestras actuaciones han sido correctas, no hay provisiones al respecto".
"No sabemos qué dirá el Supremo el 5 de noviembre y nos tenemos que atender a las consecuencias, pero no consideramos que tengamos que avanzarnos a eso". Por su parte, el director ejecutivo de intervención, control de gestión y capital, Matthias Bulach, ha explicado que "lo hemos analizado con los auditores y hemos concluido que no hay que hacer" provisiones "al respeto porque la incertidumbre era demasiado grande y no es probable una salida importante de fondo de la entidad", explica.
Con todo, desde CaixaBank dicen que "es bueno que la situación no se alargue, queda todavía una semana y la verdad es que esta última semana hemos sido tranquilos".
Antecedentes
Para contextualizar, recordamos que todo empezó hace una semana con la noticia que a partir de ahora eran los bancos y no los clientes de las hipotecas los que se tienen que hacer cargo del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), lo cual corrige su doctrina anterior. En una sentencia fechada el 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista y no quien recibe el préstamo lo que tiene interés en inscribir la operación y elevar a escritura pública.
Eso significa que no es el cliente quien tiene que pagar los impuestos derivados del préstamo hipotecario, sino los bancos. De esta manera, la sala tercera del Tribunal Supremo modificaba su jurisprudencia anterior concluyente que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero; el que no quedaba claro es si había o no retroactividad. En caso de haber de ello, los bancos tendrían que hacerse cargo de los impuestos pagados por cada cliente hipotecario dentro del periodo que marcara el Supremo -que no se considera más de cuatro años; eso puede llegar a suponer un retorno al cliente de entre unos 3.000 y 6.000 euros por cabeza, y supondría muchos millares de millones para los bancos.
La noticia revolucionó los mercados bursátiles, con caídas a las cotizaciones de los bancos del Ibex 35 de más del 7% en algunos casos; se considera que sólo en la sesión del jueves el sector bancario perdió más de 5.500 millones en las cotizaciones. Ante la situación, el Supremo decidió frenar la sentencia y convocar el Pleno de la Sala para decidir si la nueva sentencia sale adelante o no, y si existe retroactividad. Esta reunión será el próximo 5 de noviembre y, hasta entonces, el sector vivo en la incertidumbre.