El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha criticado este miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la regulación de los alquileres en Catalunya. En concreto, la sentencia tiene implicaciones en el Decreto Ley 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
"Es un ataque al escudo social", ha sentenciado Calvet, quien ha dicho que la sentencia "elimina prácticamente el alquiler social en Catalunya". El conseller ha alertado que, en estos momentos, hay 3.383 familias que se encuentran en diferentes fases de gestión del alquiler social que podían optar según el Decreto Ley, y que ahora se ponen "en riesgo". "El Estado va, una vez más, en contra de las personas y las familias más vulnerables de nuestro país y, por extensión, en contra de la gente de Cataluña", ha dicho Calvet.
La sentencia fue publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Decreto Ley. La resolución anula la obligación de ofrecer un alquiler social cuando se extingue un contrato, en caso de vulnerabilidad de la familia, y la de prorrogar este alquiler social una segunda vez si la vulnerabilidad se mantiene, o en determinados casos de ocupaciones de pisos sin título habilitante. Además, también desaparece la cuantificación de las multas coercitivas que se podían imponer en el caso de las viviendas vacías, de 1.000 euros mensuales, con un máximo del 50% del precio de la vivienda.
En consecuencia, el alquiler social obligatorio quedará reducido a una duración de tres años y sólo en casos de desahucios por impago de la renta de alquiler. Además, la resolución también implica que solo se puede expropiar las viviendas vacías por un uso temporal.
La decisión del TC
El Tribunal ha fundamentado la anulación parcial de la norma de la Generalitat en la argumentación que la figura jurídica del Decreto Ley, pensada para afrontar situaciones de urgencia y que el Parlament de Catalunya convalida posteriormente, "no era la adecuada", y que la regulación tenía que haberse llevado a cabo mediante una ley.
Para Calvet, la solución pasa por impulsar desde los grupos políticos una proposición de ley, con el mismo contenido que el Decreto Ley, después de que se constituya el nuevo Parlament de Catalunya, y que se tramite "rápidamente".
El conseller también ha criticado la "pasividad" del Gobierno central, por no haber firmado un acuerdo bilateral con la Generalitat sobre esta materia que podía haber evitado una parte de los efectos del recurso.