La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha anunciado que se pone en marcha, de forma definitiva, la nueva figura de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con el objetivo de incrementar la seguridad de los hipotecados y que tendrá capacidad sancionadora cuándo se incumplan las resoluciones. Esta iniciativa ya nació el pasado mes de abril y tomó forma de anteproyecto de ley. En una entrevista para RNE, la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha apuntado que espera que pueda estar en marcha el próximo año para así poder resolver de forma ágil los conflictos "sin tener que acudir a los tribunales". Y ha añadido: "Le daremos competencia para resolver los conflictos que puedan surgir".
Capacidad sancionadora
De esta manera, se concibe como un elemento con capacidad sancionadora cuando se incumplan sus resoluciones, ha detallado Calviño, que ha remarcado que con esta figura se crea otra red de seguridad y otra medida de protección adicional para la ciudadanía. Con respecto al paquete de medidas para ayudar a los hipotecados, y que será aprobado hoy en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera ha subrayado que espera que se sumen todas las entidades porque es momento de ayudar y acercarse al hombro, y ha avisado del coste reputacional que puede tener no adherirse a este acuerdo.
¿Cómo funcionará?
Este servicio en defensa al "consumidor" final será gratuito, tramitará reclamaciones por cuantías inferiores a 20.000 euros, se resolverán en un plazo no superior a 90 días y las resoluciones serán vinculantes. También se atenderán reclamaciones de clientes de servicios fintech y de criptoactivos, y se reforzarán los instrumentos para garantizar la inclusión financiera, particularmente en la atención de personas mayores y colectivos vulnerables. La creación de esta Autoridad permitirá ofrecer una respuesta más eficiente a la protección de los usuarios financieros, al centralizar en un único organismo los servicios de reclamaciones actuales del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, aspecto que posibilitará dar un tratamiento conjunto y coordinado a las reclamaciones planteadas por los clientes financieros y redundará en un mejor análisis de los conflictos y rapidez en el servicio. La norma hará posible avanzar también en la inclusión financiera, particularmente de las personas mayores y de los colectivos vulnerables. Además, complementa la supervisión de conducta de los supervisores financieros.
La futura norma afectará a la totalidad de las entidades financieras: entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, aseguradoras, establecimientos financieros de crédito, plataformas de financiación participativa, prestadores e intermediarios de crédito, entidades de pago y dinero electrónico o emisor y prestadores de servicios del denominado sector fintech y de servicios de criptoactivos. Como implicados, de momento, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aplaudido la propuesta: "La creación del ADCF supondrá la puesta en marcha de un mecanismo de resolución de controversias entre las entidades financieras y los clientes a través de una única autoridad administrativa". Y piden que se les incluya en las notificaciones que se deriven.