La vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, ha cifrado este jueves en 73.300 millones de euros el gasto público en ayudas directas para proteger el tejido productivo y el empleo entre 2020 y 2021, un 6,4% del PIB.

En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, Calviño ha explicado que el gasto asociado a la pandemia en 2020 rozó los 45.000 millones, de los que 29.300 millones fueron para ayudas a empresas, trabajadores y autónomos. Esta cifra se eleva a más 73.300 millones una vez que se incluyen las medidas previstas en 2021 y a la que habría que añadir 158.000 millones adicionales en financiación a través de garantías, avales o pagos a la Seguridad Social.

 

Entre estas medidas figura el paquete de ayudas directas para el pago de deudas de empresas solventes que gestionarán las comunidades autónomas en virtud de un convenio que ya han suscrito 12 regiones, lo que ha permitido transferir fondos a Extremadura y Castilla-La Mancha y, en los próximos días, a Madrid, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Catalunya.

Este apoyo al tejido productivo es uno de los elementos clave de la recuperación económica, junto con la vacunación, la estabilidad financiera mundial y el plan de recuperación, ha subrayado.

Plan de recuperación

La ministra también ha insistido que el plan de recuperación del Gobierno permitirá que la recuperación económica "vaya más allá de un mero rebote coyuntural" gracias a una transformación "profunda" del tejido productivo y el empleo, porque no hay que resignarse "a que España tenga tasas de precariedad" laboral superiores a las europeas.

Calviño ha detallado algunas de las reformas previstas en materia de transformación digital, por ejemplo para desarrollar aplicaciones móviles en servicios públicos, o las manifestaciones de interés que se van a lanzar sobre el futuro "hub" audiovisual o de digitalización de las administraciones públicas.

Por otra parte, ha defendido que "el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal es inquebrantable", aunque "en este momento es imprescindible evitar una retirada prematura de los estímulos".