El Consejo General de Cámaras de Catalunya, la patronal Cecot y el RACC han manifestado este lunes su "absoluta oposición" a la posibilidad de que el Gobierno prorrogue las concesiones de las autopistas de peaje para compensar la caída de ingresos provocada por la crisis del coronavirus, después de que hayan salido informaciones aseverando que el Gobierno quiere ahora poner en marcha esta medida que hace unos meses había descartado.
A través de un comunicado, las agrupaciones han señalado que la decisión "disminuiría significativamente la competitividad del tejido productivo" delante de un escenario de reactivación económica que se presenta "largo y duro". "El coste de los peajes hace que el camino haga más subida", apuntan. Al mismo tiempo, las aseguran que las dos vías afectadas –la AP-7 entre Cambrils y La Jonquera y el AP-2 entre El Vendrell y Lleida- "están amortizadas con creces".
Foto: El presidente del Consell de Cambres de Catalunya, Joan Canadell. Autor: ACN
En el mismo comunicado, las tres instituciones recuerdan que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya descartó esta medida el pasado mes de abril. Ahora que la prórroga de las concesiones vuelve a ser objeto de debate, las agrupaciones admiten que están "sorprendidas". "Si finalmente esta prórroga en los concesionarios sale adelante, el Estado demostraría más sensibilidad hacia estos grandes concesionarios que hacia los ciudadanos y el tejido empresarial, mayoritariamente formado por pymes", aseguran. "Eso constituiría un agravio que se añadiría a lo que históricamente ha venido sufriendo Catalunya en el ámbito de los peajes", añaden.
Finalmente, las organizaciones recuerdan que ya enviaron una carta al ministro Ábalos el pasado 30 de abril en relación a esta cuestión, una misiva que "no tuvo ninguna respuesta".
El Ejecutivo no ha recibido ninguna petición
El Gobierno no ha recibido de momento ninguna petición para alargar la explotación de las autopistas por parte de ninguna empresa concesionaria después del real decreto ley que el Gobierno publicó hace unos días al BOE en que establecía las condiciones para prorrogar el periodo de concesión. En el real decreto ley, el Gobierno ofrecía la posibilidad prorrogar el periodo de explotación pero las empresas tenían que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que el margen bruto de explotación durante la vigencia del estado de alarma no sea positivo.
En ningún caso, el Estado pagaría dinero sino que ofrecería extender el contrato un máximo de 99 días, el periodo equivalente del estado de alarma. El Gobierno ya planteó en un primer real decreto ley (8/2020 de 17 de marzo) para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19 y que las empresas concesionarias pudieran pedir compensaciones. Finalmente, en el real decreto 26/2020 de 8 de julio de medidas de reactivación económica en los ámbitos del transporte y la vivienda las concretó.
El BOE avisa de que para calcular las pérdidas "no se considerarán los ingresos y gastos de inversión o financiación, las moratorias o condonaciones pactadas por el concesionario, ni los salarios de los trabajadores en ERTE". Tampoco se permitirá incluir en el margen bruto de explotación las amortizaciones ni provisiones acreditadas por las actividades de explotación de la concesión. En Catalunya, el 31 de agosto del próximo año acaba la concesión de la AP-7 de la Jonquera en Tarragona, y la del AP-2.