La famosa reunión sobre el déficit en infraestructuras impulsada por la Cambra de Comerç de Barcelona se ha celebrado hoy con una única conclusión pública: los agentes económicos hacen frente común contra los incumplimientos estatales y elaborarán una propuesta conjunta para abordar el problema, según explican fuentes próximas. El cómo y el cuándo no se ha querido hacer público. Eso sí, la iniciativa no ha contado con la presencia de las patronales Pimec y Foment del Treball, que han declinado la invitación como muestra de rechazo por la guerra con la ley de Cámaras.

La reunión, celebrada esta tarde, ha contado con la presencia de representantes de la Cámara barcelonesa, el RACC, la asociación de empresarios catalanes FemCat, los colegios de economistas, caminos e ingenieros y el Consejo de Cámaras, representado por el presidente de la Cambra de Comerç de Reus y presidente de la Comisión de infraestructuras, Jordi Just. La falta de asistencia por parte de Pimec y Fomento no ha cogido a nadie por sorpresa, si bien en un inicio habían aceptado la invitación, el posterior enfado por la propuesta que el Consejo de Cámaras de Catalunya presentó para elaborar la nueva ley de Cambres ha provocado que las patronales se quieran mostrar distantes a la Cámara y a su presidente, Joan Canadell.

Según las patronales, el problema surge que "la propuesta de la ley de Cambres pretende tomar competencias a las patronales". De esta manera, consideran que "quiere alterar y perjudicar la representatividad" de los agentes sociales catalanes, según ha dicho varias veces el presidente de Pimec, Josep González. En este sentido, pues, Pimec y Fomento ya están preparando una respuesta conjunta ante esta propuesta de ley, y ya anunciaron hace días que no asistirían a la reunión de las infraestructuras como muestra de rechazo y distanciamiento con Canadell.

Por su parte, Canadell explica que la ley "no quiere invadir ningún tipo de competencia" sino dotar de "representatividad" a estas corporaciones en "áreas claves para el empresariado". En cualquier caso, tanto la Cambra de Comerç como estas patronales catalanas coinciden en las críticas por la falta de inversión en infraestructuras en Catalunya. El ente cameral cifró en 45.000 millones de euros la inversión necesaria hasta el 2030 para paliar el déficit de inversión, de acuerdo con el estudio 'Impacto económico del déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya'.

Foment del Treball, por su parte, cifró en 28.000 millones de euros el déficit de inversión en infraestructuras durante los últimos diez años en Catalunya y reclamó un pacto entre administraciones para que aporten 10.000 millones de euros, a razón de 2.000 millones anuales entre 2019 y 2023. El objetivo es finalizar las obras "estratégicas" licitadas y todavía en proceso de construcción, según aseguró el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre.