La Consejería de Territorio de la Generalitat de Cataluña ha prorrogado las Normas de Planeamiento Urbanístico de la ciudad de Tarragona por el plazo de tres años, cuando el consistorio había solicitado año y medio, al constatar que será necesario más tiempo para avanzar con la propuesta, tramitación y aprobación definitiva del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de la ciudad.

El hecho de que el plenario de la comisión de Territorio considerase insuficiente el plazo pedido por el Ayuntamiento no se ha interpretado como un toque de atención por los ritmos de trabajo en el proyecto del POUM por parte del equipo municipal.

El concejal de Urbanismo, Nacho García, afirmó que es un tema “complejo” y la Generalitat les da confianza y agilidad al permitir más tiempo de trabajo, sobre todo si se alarga el proceso con alegaciones y recursos, según recoge el diario 'Més'.

Según fuentes consultadas, la realidad dista del optimismo con que ha recibido el equipo del alcalde esta decisión, después de más de tres años de trabajos en la redacción de un nuevo POUM para Tarragona. En este tiempo no se ha podido realizar una aprobación inicial que permitiría dar el pistoletazo de salida a conocer los informes sectoriales de la Generalitat, en especial los de medio ambiente o de protección civil.

El avance del POUM presentado a los grupos políticos y a los medios el pasado abril puede suponer alguna sorpresa en alguno de los sectores planteados, próximos a importantes infraestructuras e industria química, así como a zonas presumiblemente inundables.

La parálisis en la tramitación del POUM es un hecho desde que el consistorio presentó a los partidos una propuesta que incluía las grandes líneas del nuevo planteamiento urbanístico para la ciudad. Desde entonces no ha habido más contactos o negociaciones que permitan vislumbrar una próxima aprobación inicial.

Fuentes de los partidos del arco municipal remarcan además que será clave conocer el resultado del estudio de viabilidad económica que el consistorio encargó una vez presentado el primer borrador, ya que la pretensión municipal de un porcentaje de aproximadamente el 60% de vivienda de protección pública en los nuevos sectores de crecimiento, puede hacer inviable económicamente estos sectores.

Otras fuentes del sector económico de la ciudad consideran que la ampliación de la prórroga de las normas urbanísticas por parte a Generalitat refleja la importancia y la preocupación sobre el POUM, que requiere del máximo consenso: “Sería un fracaso que solo saliera adelante con la mitad de los apoyos o con planteamientos irrealizables porque es un proyecto para vertebrar el futuro de la ciudad y de todos sus vecinos a 30 años vista”.

Recuerdan que es necesario que la normativa nazca contemplando las necesidades reales de la capital, ya sea en movilidad, equipamientos y sobre todo en materia de vivienda, cohesionando los barrios, ampliando y diversificando la oferta. La previsión actual del Ayuntamiento es que el POUM pueda negociarse en los próximos meses para llevarlo a aprobación inicial a principios del 2025.