Financiación autonómica y "España nos roba". Palabras y expresiones que llevan a todo catalán a un estado de tensión permanente por el evidente perjuicio que provocan. De aquí que los diferentes gobiernos de la Generalitat haga años que reclamen un nuevo sistema de financiación junto con otras comunidades autónomas, como el País Valencià o Galicia. Después de este tiempo, parece que la negociación para desbloquear este nuevo sistema de financiación autonómica empieza a ser una realidad, ahora bien, como ya pasaba con el anterior, Catalunya seguirá siendo una de las comunidades más perjudicadas por el reparto, concretamente la tercera por la cola, según el think-tank Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

En un informe publicado este jueves y firmado por el director de la fundación, Ángel de la Fuente, economista y experto en financiación autonómica, Fedea calcula que las modificaciones planteadas por el Ministerio de Hacienda con respecto al método de cálculo de la población ajustada perjudicaría, como siempre, a varias comunidades y favorecería a otras.

Perjudicados y beneficiados

Ahora bien, ¿quiénes son los perjudicados y cómo se haría este cálculo? Pues muy sencillo, el Ministerio parte de la base que el coeficiente 100 es la media de recursos que necesita cada habitante del Estado, pero no todas las comunidades tienen las mismas necesidades y variar el coeficiente supone, en la práctica, perder o ganar muchos millones de euros en relación con esta media estatal.

Según Fedea, la propuesta de Hacienda aumentaría "muy apreciablemente" las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7%) y reduciría las de Canarias (-3%) y Galicia (-2,7%). Además de estas dos comunidades, los otros territorios que verían reducidas sus necesidades de gasto con la nueva fórmula serían el País Valencià (-1,7%), Catalunya (-1,58%), Madrid (-1,05%) y Andalucía (-0,54%). En cambio, el nuevo cálculo propuesto por Hacienda beneficiaría, junto con Extremadura y Aragón, a La Rioja (+5,41%), Cantabria (+4,51%), Murcia (+3,28%), Castilla-La Mancha (+3,14%), Asturias (+2,72%), Castilla y León (+2,54%) y Balears (+2%).

En el mismo informe, Fedea explica que la variable de población ajustada es un indicador de necesidades de gasto de las diferentes comunidades de acuerdo con una estimación de los costes por habitante a la hora de producir la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías. Si la fórmula de costes es correcta, un reparto de los recursos del sistema en proporción a la población ajustada aseguraría que todas las comunidades pueden ofrecer prestaciones similares a sus ciudadanos, aunque estas tengan mayores costes en unos territorios que en otros.

Así pues, Fedea precisa que no se está hablando todavía del reparto efectivo de los recursos del sistema de financiación. No obstante, asegura que este "reparto ideal" tiene efectos muy significativos sobre la distribución real de la financiación a través de los mecanismos redistributivos del sistema de financiación, porque algunos de los fondos más importantes se reparten teniendo en cuenta la población ajustada.

Así quedaría el reparto:

Conclusiones

A propósito de eso, Fedea concluye que Hacienda ha asumido "el grueso" de las propuestas de la comisión de expertos para la reforma del sistema, aunque también ha incluido una parte "más discutible". Esta tiene que ver "con la introducción de dos ajustes ad hoc que suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer trajes a medida en vez de buscar reglas generales de reparto juiciosas".

Se trata, indica, "del peculiar reparto 'por bloques' de la partida de costes fijos que se propone sobre la base de un confuso e innecesario ejercicio de análisis" y de "la introducción con calzador de un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para prevalecer determinadas regiones".

"Estos ajustes generan cambios significativos en las necesidades de gasto de algunas regiones que resultan difíciles de justificar sobre la base de la (escasa) evidencia existente sobre el impacto de los factores geográficos sobre el coste de los servicios autonómicos, que más bien apunta al hecho de que tales factores ya se recogen de manera más que suficiente en el modelo actual", afirma la fundación.