El déficit de inversión de infraestructuras en Catalunya siempre ha sido uno de los puntos de máxima queja desde el Govern y los agentes sociales catalanes, hasta el punto que ya hace años que se ha convertido en una reclamación histórica. Como ejemplo, en los últimos dos años (2019-20), este déficit se ha incrementado en 7.000 millones de euros. Así se desprende del análisis de los datos sobre la evolución de la inversión pública del Estado en Catalunya y que demuestra que en doce años (2009-2020) se acumula ya un déficit de 35.000 millones de euros en infraestructuras. Esta es una de las conclusiones más destacadas que incluye el informe elaborado por la Comisión de Infraestructuras de Foment del Treball, presentado este lunes por su presidente, Josep Sánchez Llibre, el vicepresidente, Joaquim Llansó, y la presidenta de la comisión, Anna Cornadó. El informe ha actualizado los datos que se habían estudiado en el periodo 2009-2018 y que estimaban en 10 años un déficit de 28.000 millones de euros. Además, el informe apunta también que, con respecto al seguimiento presupuestario de algunas de las obras más significativas, los presupuestos anotan año tras año inversiones que no se ejecutan, ya sea por varias razones que las dificultan o ralentizan, de forma que se van repitiendo en los sucesivos presupuestos. Así, el volumen presupuestado, reiteradamente, es muy superior al finalmente ejecutado. Esta repetición de las obras en los presupuestos, por falta de ejecución, los altera y distorsiona, se reflejan volúmenes de inversión muy superiores a los reales y hace que su credibilidad quede en duda en el conjunto de las administraciones públicas.

 

Ejecución presupuestaria en Catalunya

En los presupuestos generales del Estado para el 2022, la dotación presupuestada para inversiones en Catalunya es de 2.230,74 millones de euros, el 17,2% del total de las inversiones que se pueden regionalizar. Esta cifra supone un incremento del 11,6% con respecto a los presupuestos del 2021 y sitúa Catalunya como segunda comunidad con más peso sobre el total de inversiones presupuestadas, justo por detrás de Andalucía. No obstante, las cifras todavía se sitúan por debajo del peso económico de Catalunya en el PIB del Estado (19%), indicador de referencia que se contempla en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía y que tenía como objetivo corregir el déficit de infraestructuras en Catalunya. Además, como se analiza en el informe, la inversión finalmente ejecutada queda lejos de la inicialmente presupuestada. Desde el 2013 al 2020, la ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya ha sido del 67,1%, con lo cual se acumula un déficit aproximado de 3.070 millones de euros entre inversión presupuestada e inversión finalmente liquidada.

Para el 2021, el presupuesto de inversiones reales para Catalunya por parte el Estado era de 2.068,1 millones de euros en obligaciones iniciales. Con datos oficiales de la Intervención General del Estado, la ejecución presupuestaria fue del 13,3% al finalizar el primer semestre, una cifra que, previsiblemente, hace imposible que el Estado cumpla con Catalunya el 100% de ejecución presupuestaria para el 2021. Por otra parte, si se analizan sólo las inversiones realizadas del Grupo MITMA (antes Grupo Fomento) en Catalunya, es decir, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de sus entidades adscritas, la ejecución presupuestaria 2013-2020 cae al 61,6% y la inversión regionalizable se sitúa en el 12,2% por término medio para el periodo mencionado.

Ejecución presupuestaria de la Generalitat

Según los datos disponibles, desde el 2013 hasta el 2020, la ejecución presupuestaria de la Generalitat ha sido aproximadamente del 77,1%. El déficit acumulado de la Generalitat entre las cifras presupuestadas y las ejecutadas es de 2.280 millones de euros para el periodo 2013-2020. Históricamente, la ejecución presupuestaria de la Generalitat ha sido del 86,1%. Sólo ha alcanzado o superado tres veces la inversión presupuestada desde 1982 (2008, 2009 y 2011). En los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de este año, la inversión pública alcanza la cifra de 3.951 millones de euros, esta cifra supone un incremento del 96,4% con respecto al presupuesto del 2021. Las políticas de vivienda y actuaciones urbanas (529 millones), carreteras (265 millones) e infraestructuras ferroviarias (223 millones) se sitúan entre las partidas de más esfuerzo inversor.

Para equiparar la inversión en los indicadores europeos se recomienda conseguir una licitación de obras del 2,2% del PIB catalán (aproximadamente 5.000 millones de euros), de forma sostenida y recurrente, para el conjunto de todas las administraciones y para todas las infraestructuras que a lo largo del tiempo sean fundamentales para Catalunya. En 2020, por ejemplo, la licitación de todas las administraciones públicas en Catalunya fue tan sólo del 0,7% del PIB, una licitación que se encuentra bajo mínimos desde el año 2011.

La falta de una decidida apuesta por la inversión, especialmente en Catalunya, que se sitúa en la actualidad muy por debajo de la media de otros países de nuestro entorno, supone una clara pérdida de oportunidades y de calidad de vida de los ciudadanos, porque la inversión pública actúa, además del efecto directo que produce la misma inversión, como catalizador de la inversión privada, ambas generadoras de puestos de trabajo y riqueza. La inversión pública representa una parte muy importante del PIB de cada país. En España, esta constituyó, el año 2020, el 2,57% del PIB (28.200 millones de euros). La inversión pública del conjunto de la UE fue del 3,3% del PIB y la de la euroárea, el 3,1%. Con respecto a Catalunya, todavía no disponemos de este dato tan relevante.

Desde el 2004, la evolución de la inversión pública ha sido bien diferente si comparamos las cifras de España con respecto al resto de socios de la UE. Mientras que España presenta grandes diferencias entre el periodo anterior a la crisis del 2008 y el posterior, con niveles de inversiones entre el 4% y el 5% para el periodo 2000-2009 y de entre el 1,9% y el 2,6% para el periodo 2013-2020, en el área Euro la inversión pública ha sido por término medio mucho más estable, oscilando siempre entre el 2,5% y el 3,5%. La disminución de la inversión pública en España en este periodo ha sido tan intensa que no llega a llenar la depreciación del stock de capital público y, por lo tanto, esta circunstancia está generando un déficit de inversión y mantenimiento alarmante, a diferencia de lo que sucede en el conjunto de la euroárea (12 países). Se estima que para España este stock de capital descendió en más de 32.400 millones, del 2012 al 2020. Según las previsiones de la Comisión Europea, esta pérdida de stock continuará en un futuro inmediato.