Catalunya podría disponer de 9.107 millones de euros al año adicionales si tuviera la soberanía fiscal del País Vasco. Esta ha sido la conclusión del informe presentado por el colectivo Economistes pel Benestar, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, este martes y que evidencia qué se podría hacer en el territorio catalán si se dispusiera de una "financiación justa". Los más de 9.000 millones de euros calculados es la cantidad adicional que se podría dedicar en materia de educación, salud, servicios sociales, vivienda y infraestructuras, unos ámbitos que tienen un impacto directo en el bienestar de los catalanes.

El estudio, realizado por los economistas Albert Carreras, Joan B. Casas, Júlia Montserrat, Daniel Quer, Francesc Raventós y Josep Reyner, expone los motivos y las soluciones para el empeoramiento progresivo de las infraestructuras públicas, las cuales tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de los catalanes y catalanas y que los expertos prevén que se verán agravadas en la etapa post Covid. Algunos de estos ejemplos son las largas listas de espera para operaciones quirúrgicas, la falta de vivienda asequible o pocos jardines de infancia gratuitos, entre otros que expone el estudio.

 

En este sentido, el estudio concluye que Catalunya genera los recursos para afrontar estos problemas, pero no los puede utilizar y que la diferencia entre los impuestos que pagan a los catalanes al Estado y el gasto que el gobierno central hace en Catalunya, incluidas las pensiones y los intereses de la deuda española, se ha situado históricamente en torno a los 16.000 millones de euros (el 8% de su PIB). Los economistas exponen que Catalunya sufre "infrafinanciamiento e infrainversión".

¿De dónde proviene el infrafinanciamiento?

El estudio explica y resume las causas por las que Catalunya aporta más de lo que recibe por parte del estado español, hasta situarse en la tercera comunidad en aportación de recursos por habitante, pero, en cambio, ser la que dispone de menos dinero por persona. En primer lugar, Catalunya no dispone de un modelo de financiación autonómica como el del País Vasco o Navarra. Según el sistema vasco o navarro, las mismas comunidades recaudan sus impuestos y sólo pagan al Estado por los servicios prestados (el "cupo" vasco y la "aportación" navarra), sin aportar nada al resto de comunidades.

Por otra parte, el estudio también expone una baja inversión del gobierno central en Catalunya: sólo se destinó a Catalunya el 11,8% de la inversión ejecutada en infraestructuras entre el 2013 y el 2018, cuando la población representa el 16% y el PIB el 19%. Por último, según los economistas, la "hipercapitalidad" de Madrid hace que, aunque sea una gran aportadora de capital, tenga unos beneficios derivados de su capitalidad muy superiores al déficit fiscal.

Los Economistes pel Benestar recuerdan en el estudio que Catalunya aporta una media de 3.224 euros anuales por habitante al sistema de financiación, mientras que recibe 2.393 euros —teniendo en cuenta el nivel de precios—, siendo la penúltima comunidad que menos percibe. En este sentido, manifiesta que "si Catalunya pudiera ingresar y administrar directamente sus ingresos, podría resolver las carencias de los servicios públicos", y añade que el País Vasco dispone actualmente de un 85% más de recursos por habitante.

El informe expone que el infrafinanciamiento e infrainversión también han provocado que el crecimiento del PIB catalán haya crecido sólo un 14,2%, mientras que en el resto del Estado lo ha hecho en un 17,8%, teniendo en cuenta el nivel de precios. También ha tenido un efecto en un indicador del bienestar como es la capacidad de consumo por habitante de sus ciudadanos, que ha crecido tan sólo un 1,7%, mientras que lo ha hecho en un 8,6% en el resto del Estado.

El colectivo de economistas calcula que si la Generalitat gestionara sus propios impuestos, podría disponer de 9.017 millones de euros adicionales al año para destinar a servicios pilares de un estado del bienestar. El informe hace un cálculo de la cifra que se podría invertir de más en cada partida si se dispusiera del modelo de financiación del País Vasco y, así, reducir el empeoramiento progresivo que sufren ciertos servicios.

Educación

Los recursos destinados a la educación sufrieron recortes importantes con la crisis financiera de 2008 y, aunque se ha minimizado el impacto, persiste un problema de financiación que "no ha recuperado los niveles de gasto real anteriores al 2009 (está 475 millones de euros por debajo)", según el colectivo de economistas.

El informe expone que si Catalunya dispusiera de la soberanía fiscal del País Vasco, podría gastar 2.643 millones de euros más de los actuales. Los economistas calculan que para corregir las carencias actuales en el sistema educativo (revertir recortes, generalización y gratuidad de los jardines de infancia, formación profesional de alta calidad, mejora de la calidad (ratios de personal) de la etapa obligatoria, entre otros) se necesitarían 2.557 millones de euros.

Salud

Según los economistas, la crisis de la Covid ha puesto en evidencia las carencias del sistema sanitario y cómo el infrafinanciamiento endémico de la sanidad catalana afecta a la calidad del servicio sanitario. Si Catalunya tuviera la soberanía fiscal del País Vasco, se podrían destinar unos 2.300 millones de euros más de los actuales para mejorar el sistema sanitario.

Las mejoras irían destinadas a reducir las listas de espera, mejorar la calidad de la atención primaria a través de la contratación de más personal, mejorar las dotaciones de profesionales de la medicina y la enfermería e incrementar los recursos en investigación médica.

Servicios Sociales

Si Catalunya dispusiera de soberanía fiscal, podría destinar más recursos a la mejora de los servicios sociales e incrementar la partida, aproximadamente, en 2.400 millones de euros anuales y la inversión en esta materia supondría un 2,28% del PIB. Con respecto a las prestaciones de la ley de la autonomía personal y atención a la dependencia (LAPAD) se podrían incrementar hasta el 1,19% del PIB, lo cual significaría acortar distancias con respecto a la media del gasto deseada por el OCDE del 1,7% del PIB.

Además, se podrían reducir las listas de espera en más de 50.000 personas, triplicar la media de horas de atención domiciliaria, incrementar en 13.000 personas a los profesionales asistenciales, incrementar el soporte a las familias, así como de otros servicios esenciales para garantizar el bienestar de los catalanes y catalanas.

Vivienda

Actualmente, el gasto público en vivienda representa un 0,08% del PIB en Catalunya, un 0,50% en el País Vasco y un 0,60% en la UE. En total, Catalunya destina 228 millones anuales a programas de vivienda social, según el estudio.

Los economistas exponen que, si Catalunya destinara el 0,50% de su PIB a la vivienda social tal como hace el País Vasco, podría disponer de 950 millones anuales de inversión adicional. Eso permitiría construir unas 11.300 viviendas anuales y crear un parque público de vivienda de unas 163.000 viviendas al cabo de diez años.

Rodalies

El informe expone que las inversiones en Cercanías en Madrid fueron el 47,8% del total en el periodo 1990-2018, mientras que Barcelona recibió el 16,8% durante el mismo periodo y tiene pendientes algunas mejoras, como la ampliación de la red vial, que todavía tiene un 29% en vía única.

Los economistas creen que serían necesarios 900 millones de euros para incrementar la capacidad y la seguridad de la red, renovar el parque móvil, finalizar la estación de la Sagrera y el ramal del aeropuerto y empezar a estudiar obras futuras. En este sentido, el colectivo expone que el recientemente anunciado Plan de Rodalies 2020-2030 por el Gobierno no contempla acciones "no iniciadas o no acabadas, sin ningún gran proyecto que suponga un salto adelante" y mencionan los desdoblamientos de vías o la construcción de un tercer túnel urbano.

Con todo, el estudio calcula que los recursos adicionales de que podría disponer Catalunya con un trato fiscal soberano serían 9.107 millones, unos 1.200 euros por habitante y mejorarían así en un 36% los recursos de los que dispone actualmente el Govern de la Generalitat proveniente del modelo de financiación. Además, según los Economistes pel Benestar, las pensiones de los catalanes podrían estar más protegidas bajo un sistema de soberanía fiscal.