En el marco del diseño de los presupuestos generales del 2023, los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento al Govern para que muestre una "voluntad clara para negociar" y a la oposición para que deje atrás "cálculos electorales" y pacten los presupuestos "si o sí". Así pues, esta mañana han presentado todas las medidas que reclaman para aplicar. "No podemos renunciar a 3.100 millones de euros", ha advertido el secretario general de CCOO, Javier Pacheco en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de UGT, a Camil Ros.
Los sindicatos reclaman un plan de choque con la creación de un fondo de protección ante el aumento excesivo del coste hipotecario y también un bono social de suministros de 150 euros. En este contexto, han rechazado frontalmente incluir rebajas fiscales en las cuentas para contar con el voto de Junts porque consideran que hay que incrementar los impuestos para que Catalunya se homologue a las democracias europeas.
¿Qué piden?
Los sindicatos subrayan que Catalunya supera el 25% de su población en riesgo de pobreza, de manera que es necesario un nuevo contrato social. Por eso consideran que hay que incentivar la economía productiva en clave sostenible y para un nuevo modelo productivo estratégicamente orientado a los retos del cambio climático y a la transición justa". También piden "garantizar la protección social de la ciudadanía y mantener los pilares del estado del bienestar". En este sentido hacen un llamamiento a "aumentar, según nuestras estimaciones, los recursos destinados a la financiación del transporte público (respecto del año 2022) por parte de la Generalitat en 300 millones de euros".
Más implicación del SOC
Por todo ello hacen un llamamiento a un pacto social contra el paro y por el empleo de calidad a Catalunya en el marco de las políticas de recuperación y resiliencia. En este sentido, es imprescindible fortalecer el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) para que pueda cumplir mejor su función de liderazgo de las políticas de empleo, dotándolo de los recursos necesarios, tanto económicos como humanos.
"No queremos la política de casino y amiguitos. No queremos un modelo de salud como la de la Comunidad de Madrid", ha asegurado Pacheco. En la misma línea, Ros ha reclamado a los partidos que eviten "dinámicas parlamentarias de calculadora electoral" como la petición de rebajas fiscales de Junts, a quién ha reprochado que ahora pida conceptos que no incluyó Jaume Giró en las cuentas. De la misma manera, el secretario general de UGT ha asegurado que el Govern tiene que tener "una voluntad clara" y "negociar sin complejos" para conseguir las mayorías necesarias con partidos como Junts, el PSC o en Comú Podem con quien ya se ha cerrado pactos. "Tienen la obligación moral de no hacer espectáculos parlamentarios y no mirar por los bloques sino que para el país", ha dicho Ros.
Los dos sindicatos se reunieron con el Govern para pactar los presupuestos, una reunión que han celebrado porque se ha producido antes de lo que se hacía habitualmente. Ahora, los sindicatos han presionado al Ejecutivo para que introduzca los cambios que proponen y los aprueben en una reunión del Consejo del Diálogo Social, donde hay los sindicatos y las patronales mayoritarias. Por otra parte, los sindicatos han vuelto a pedir un incremento del Índice de Suficiencia de Ciudadanía (IRSC) que marca los umbrales para acceder a ayudas del Gobierno, en un 12,15% después de 11 años congelado y que se ha situado por debajo del límite estatal, el IPREM. El aumento del índice implicaría incrementar el presupuesto de la renta garantizada un 1% y que las ayudas mínimas pasen de 644 a 774,6 euros y los máximos de 1.208 a 1.355,2 euros.
Con relación a la renta garantizada de ciudadanía, CCOO y UGT también reclaman ampliar el perfil de personas beneficiarias para, por ejemplo, permitir la compatibilidad con las personas que tienen un contrato a tiempo parcial. Además, reclaman la bonificación e integración tarifaría de los abonos y aumentar los recursos para financiar el transporte público en 300 millones de euros.
Otra de las medidas que ponen sobre la mesa a los sindicatos es establecer a la contratación pública un salario mínimo de referencia de 1.319,8 euros brutos, que representa el 60% del salario medio en Catalunya. En este sentido, CCOO y UGT ven imprescindible estabilizar e incrementar las plantillas de la administración catalana.