La patronal española de la gran empresa, la CEOE, ha rechazado, en una reunión de su Comité Ejecutivo, la última propuesta del ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá, para prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, al seguir "centrando las ayudas" en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad.
Según la patronal, la decisión se ha tomado "por unanimidad" de los sectores y el Comité Ejecutivo y la intención es "seguir trabajando". La reunión de la CEOE arrancaba pasadas las 10.30 horas de la mañana tras haber recibido anoche una nueva propuesta del Gobierno que reducía las diferencias entre las exoneraciones de los trabajadores en ERTE y los que se reincorporen, principal escollo de las negociaciones.
Las actuales condiciones de los ERTE asociados a la pandemia vencen el 31 de mayo, pero el Gobierno deberá decidir ahora si las aprueba sin acuerdo o apura plazos para negociar lo que llevaría a convocar un consejo de ministros extraordinario para sacar adelante la nueva prórroga hasta el 30 de septiembre.
Además de la CEOE, los dos sindicatos mayoritarios, también anunciarán este martes la propuesta de Escrivá sobre los ERTE. Por un lado, CCOO se ha reunido esta mañana para analizar la propuesta con su Ejecutiva, mientras que la UGT lo hará a lo largo de la tarde.
Por otra parte, la negociación de la prórroga de los ERTE que concierne al Ministerio de Trabajo ya está cerrada y consensuada.
Las exoneraciones, el punto de desacuerdo
De cara a esta nueva prórroga de los ERTE el Gobierno quería modificar el esquema de los expedientes rebajando las exoneraciones de los trabajadores que se mantienen en ERTE y recortando algunos sectores de la lista de protegidos, entre ellos los transportistas por carretera, y este está siendo el punto más conflictivo del acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales.
Según el esquema actual, las empresas de sectores especialmente perjudicadas por la pandemia, así como aquellas en su misma cadena de valor o que dependen de su facturación, cuentan con exoneraciones que oscilan entre el 85% y el 75% en función del tamaño de la empresa.
Ahora bien, el problema está en que el Ministerio quiere incentivar la activación con más descuentos a los trabajadores que lo hagan, la patronal y los sindicatos piden que se mantenga el esquema actual.