Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), han denunciado haber recibido presiones y amenazas por parte de la policía española para que le facilitaran información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras en relación a lo que hoy se conoce como "caso Pujol" o "operación Catalunya". Los Cierco han comparecido esta mañana ante la "batlle" o la jueza instructora del "caso BPA", Canòlic Mingorance, en calidad de inculpados en esta causa, después de que el gobierno andorrano presentara una querella criminal contra varios exdirectivos de la entidad por blanqueo de capitales.

Además de defender la legalidad de la actuación de BPA, Higini Cierco ha puesto en conocimiento de la responsable judicial con valor de denuncia "una serie de amenazas y extorsiones de las que fue objeto por parte de mandos policiales españoles mucho antes de la intervención del banco", según deja constancia un comunicado del Grupo Cierco. Asimismo y tal como ha explicado, la policía española le advirtió que si no colaboraba con ella "se actuaría contra BPA" y si hacía falta se haría "vía administración americana".

Miedo a las represalias del Estado español

Los Cierco aseguran que el gobierno de Andorra, el máximo responsable del ejecutivo, Toni Martí o el ministro de Finances, Jordi Cinca, están al corriente de estas presiones desde hace meses, pero que no denunciaron los hechos antes "por prudencia y temor a las hipotéticas represalias del Estado español" –que se acabaron materializando en la liquidación de Banco Madrid– y porque pensaron que "la presión no iría a más".

No obstante, ahora, después de diecisiete meses de instrucción y en motivo de su primera comparecencia en sede judicial, el expresidente de BPA ha considerado que tenía la obligación de poner en conocimiento de la jueza la situación vivida.

Hechos denunciados

En el comunicado, el grupo empresarial asegura que los hechos denunciados por Higini Cierco se tienen que enmarcar en el "caso Pujol", "la operación Catalunya" y en el intento de las autoridades españolas de poder hacer público el patrimonio del expresidente catalán Jordi Pujol en Andorra. Según esta versión, el entonces presidente de BPA recibió en mayo del 2014 –previamente a la expropiación del Banco que tuvo lugar el 10 de marzo de 2015– una llamada del agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, informándolo que era conveniente que se viera con unas personas en Madrid y colaborara con ellas en lo que pidieran, o de otra manera el banco "moriría".

"Ya entonces se nos dijo que los americanos estaban al corriente y que sabían como hacerlo", ha declarado Higini Cierco, que ha recordado que en aquel momento la filial española de BPA, Banco Madrid, estaba sometida a una inspección ordinaria del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Información bancaria de Mas, Pujol y Junqueras

Poco después, el accionista también ha explicado que se encontraron en Madrid el entonces consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, y el agregado de Interior que insiste en que si no se colabora con lo que les pedirán "el banco desaparecerá" y recibirá una llamada del comisario jefe del departament de Asuntos Internos de la policía nacional española, Marcelino Martín Blas, también conocido con el sobrenombre de Félix. En una reunión en Madrid, Blas les pide "información bancaria de Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas famílias". Un nuevo hilo de conexión con la "Operación Catalunya".  Los responsables del banco, "conscientes del peligro de la advertencia", decidieron proporcionar información a la policía española.

Una información que resultó desencadenante de la confesión de Pujol. "El resultado de los datos que se facilitan es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero", asegura el Grupo Cierco, que recalca que BPA no tuvo nunca más de 5 millones de euros de la familia Pujol. En pleno "caso Pujol", el todavía presidente en funcions de España, Mariano Rajoy organizó un inédito viaje a Andorra. De hecho, Rahoy se convirtió durante el 7 y el 8 de Enero de 2015 en el primer presidente español que viajaba al Principat en visita oficial. 

Higini Cierco ha explicado también que Joan Pau Miquel no denunció entonces los hechos, que fechan de junio del 2014, porque Martín Blas lo advirtió que, si lo hacía, el FinCEN americano –agencia de prevención de blanqueo de dinero– intervendría en quince días.

BPA intervenida bajo el paraguas

BPA fue intervenida en marzo del 2015, después de que Estados Unidos anunciara que estaba investigando la entidad para canalizar supuestamente fondos del crimen organizado. Por su lado, Ramon Cierco, que ha sido el primero en comparecer ante la "batlle", ha explicado que el control del día a día de la entidad estaba en manos de los ejecutivos y que los presidentes asumían "aquellas funciones descritas y reconocidas en los estatutos de la entidad".

Más concretamente, Ramon Cierco ha remarcado que BPA actuó "bajo el paraguas legal andorrano en todo momento" y que "siempre que hizo falta" cooperó con organismos como el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAND)".