El cierre de bares y restaurantes decretado en Catalunya ha golpeado al sector cuando todavía no se había recuperado de la primera oleada de restricciones. Por este motivo, el número de trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se ha multiplicado desde que se inició la nueva medida hasta las 41.054 personas.
Y es que, el número de empresas que se han visto obligadas a presentar un ERTE ascienden hasta las 4.871 en territorio catalán. Así lo apuntan los datos publicados este viernes por el Departament de Treball de la Generalitat, que tienen en cuenta la afectación desde que se decretó el cierre el pasado 14 de octubre —que durará hasta finales de mes—.
De estos procedimientos, 3.231 son por fuerza mayor de impedimento, ERTE que cuenta desde este octubre con una exoneración del 100% de la cuota de la Seguridad Social para empresas de menos de 50 trabajadores; y del 90% para compañías más grandes. Otros 1.562 son ERTE por fuerza mayor tradicional y limitación y los 78 restantes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
Barcelona es la provincia más afectada, con 3.835 ERTE y 30.898 empleados afectados, dado el extenso tejido empresarial de la localidad cosmopolita. En Girona se han dado 628 expedientes en 3.603 personas, en Lleida 266 con 1.038 afectados, en Tarragona 562 con 5.360 trabajadores involucrados y en Terres de l’Ebre otros 30 con 155 trabajadores.
El crecimiento podría ser mayor
El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias del Govern, Chakir el Homrani, aseguraba esta semana en una rueda de prensa que el crecimiento podría ser superior ya que la conselleria no controla cuántos empleados han vuelto a ser incluidos en expedientes "vivos", cifras que dependen del Gobierno. Además, las cifras publicadas este viernes por el Departament de Treball engloban los ERTE registrados desde el 16 de octubre hasta el 22, por lo que no es descartable que en las próximas semanas siga subiendo.
Desde el pasado martes, estos locales pueden disponer de una nueva ayuda del Govern de Catalunya, que permite reducir a la mitad los alquileres de los locales comerciales cerrados forzosamente por la pandemia al 50% en caso de que el arrendatario y el propietario no se pongan de acuerdo en otras modificaciones.