Este lunes ha sido el primer día en que los clientes que hayan suscrito una hipoteca con el banco ya no se tendrán que hacer cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) después de que haya entrado en vigor el decreto ley del Gobierno español aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, y que contrarresta la decisión del Tribunal Supremo. Dicho y hecho: los clientes ya no pagan (de momento) el impuesto hipotecario.
Y es que la semana pasada, en pleno lío hipotecario, el Tribunal Supremo hizo marcha atrás y decidió que finalmente eran los clientes quién se tenían que seguir haciendo cargo del impuesto. El cambio de guion, sin embargo, se produjo cuando ante las críticas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió cambiar la ley que regula este impuesto para hacer que "nunca más ningún español vuelva a pagar el impuesto hipotecario", blindándolo con un decreto ley que se aprobó el día siguiente en el Consejo de Ministros. Un decreto que ha empezado a funcionar hoy.
Con todo, sin embargo, los bancos se podrán deducir este año el impuesto de las hipotecas, pero a partir del 2019 ya no lo podrán hacer. El real decreto también incluye algunas excepciones: el Estado, las administraciones públicas, la Iglesia, algunas ONG y los partidos políticos con representación parlamentaria no tendrán que hacer frente al impuesto a partir de este lunes mismo.
Hacienda, al acecho
A pesar de la buena noticia para los clientes, todavía queda el pesar de que los bancos se acaben cobrando el impuesto por otros lados. Para evitar que eso pase, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, ha subrayado hoy que el Gobierno vigilará que la asunción por parte de la banca del impuesto hipotecario no repercuta en los consumidores en forma de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.
Durante su comparecencia a la Comisión de Hacienda del Senado, Bardón ha recordado que el Ministerio de Economía creará una agencia "con carácter urgente" que va a velar para evitar estas cláusulas abusivas. Asimismo, ha asegurado que el Gobierno recurrirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si detecta cualquier tipo de acuerdo de mercado entre las entidades financieras, cosa que, según ha recordado, también pueden hacer las organizaciones de consumidores.
La secretaria de Estado ha señalado que también se vigilará "estrechamente" la repercusión de otros impuestos que se pondrán en marcha, sin citarlos expresamente.