La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador en Adif y en Adif Alta Velocidad por inflar presuntamente en unos 43 millones el canon o 'peaje' que cobra a los trenes que circulan por la red ferroviaria para este ejercicio 2019. Se trata del primer expediente que el regulador aplica a la compañía promotora y gestora de las líneas de tren y el resto de infraestructuras ferroviarias.

Es también el primer procés sancionador que se abre en virtud de las facultades de supervisión que la Ley Ferroviaria otorga a la CNMC, según ha informado este órgano. En más, el expediente se incoa en vísperas que en diciembre del año que el sector del transporte de viajeros en tren se abra a la competencia.

El procedimiento en Adif se abre al considerar que la fijación del canon que cobra a los operadores por la utilización de la red ferroviaria por recuperar los costes de su construcción y mantenimiento incluía partidas no contempladas en la ley. Competencia advirtió a Adif que el cálculo y la fijación del canon que había realizado "no se ajustaba a la regulación vigente" en el transcurso del análisis que, como supervisor del mercado, realiza sobre la misma. Sin embargo, la compañía ferroviaria pública aprobó el canon y lo remitió al Ministerio de Fomento para su inclusión en los presupuestos generales del Estado de 2019.

La CNMC considera que esta conducta de Adif constituye una infracción "muy grave" según lo que establece la Ley Ferroviaria, por lo que ha abierto el expediente sancionador a esta empresa pública aunque este canon no se aplica por no haberse aprobado los presupuestos.

El pago del canon constituye uno de los principales costes de explotación de Renfe, único operador de la red ferroviaria hasta que el año que se abra a la competencia y otras compañías entren a competir con la operadora pública.

De esta manera, el importe que Renfe y los eventuales nuevos operadores paguen por este 'peaje' puede determinar el precio que, a su vez, los operadores cobren por los billetes de tren, fundamentalmente en el caso de los trenes de AVE y Larga Distancia, dado que no tienen supervisión del Gobierno para no ser considerados servicios públicos.