La Comisión de Economía Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha tildado indignante y ofensivo y ha expresado su apoyo y solidaridad el exconseller de Economia, Andreu Mas-Colell, por "la persecución que están siendo objeto por parte del Tribunal de Cuentas".
A través de un comunicado, el Col·legi, ha añadido que lamentan y consideran igualmente indignante y ofensivo el tratamiento que están recibiendo "tantas personas que han ejercido con total profesionalidad, honestidad e integridad el servicio público", como es el caso de Mas-Colell y Albert Carreras, también colegiado, e imputado en la misma causa.
Además, la institución considera que esta causa y el procedimiento son totalmente injustos por la indefensión causada por el gran número de expedientes tramitados durante los últimos años que acumulan decenas de miles de folios y de los que los procesados solo han dispuesto de diez días para preparar las oportunas alegaciones al Tribunal.
Los cargos son dudosos
En más, aseguran que el carácter de los cargos formulados contra ellos es "dudoso" y recuerdan que, a su día, la causa tuvo un voto particular que manifestaba su oposición a la supuesta extralimitación de la acción exterior ejercida por la Generalitat recordando que el Tribunal tiene la obligación de analizar la documentación "de forma objetiva e imparcial, recogiendo con exactitud y precisión los hechos y evitando juicios de valor e interpretaciones que no están lo suficiente fundamentadas" y señalando que el mismo Tribunal ha incumplido sus propias normas para no fundamentar su fiscalización en los principios de "imparcialidad, claridad, concisión, equilibrio y ponderación".
Las consideraciones del Col·legi van todavía más allá y también aseguran que es difícil de legitimar un tribunal donde confluyen "miembros designados en función de sus afinidades políticas", que se trata de un organismo que ha sido puesto en cuestión por el alto porcentaje de relaciones familiares que afectan su personal y, por último por las inacciones y por "resoluciones que afectan personas clave de determinados partidos políticos en un sentido bastante cuestionable".
Por último, el Col·legi considera que el Tribunal hace un "uso abusivo del poder legalmente conferido a sus procedimientos" que pueden finalizar en la imposición de sanciones, afectando vidas y patrimonios, y que tienen que ser cubiertas desde el mismo momento de su imposición sin espera de confirmación por parte de ningún tribunal real y qué apelaciones y recursos tardarán muchos años en resolverse.