El Gobierno ha pactado esta semana una serie de cuestiones con Bruselas como requisitos para que el Estado pueda acceder a los fondos europeos, conocidos como Next Genertaion. Destaca especialmente el impacto que tendría este acuerdo en las pensiones. Concretamente, el documento firmado por el Comisario Europeo de Economía, Paolo Gentiloni y la ministra de Hacienda española, Maria Jesús Montero, han firmado un compromiso según el cual, para el último trimestre del 2022 tendrá que haber entrado en vigor "la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, ampliándolo para el cálculo de la pensión", con el objetivo de hacer "sostenible" el sistema.

Disminución del 8,6%

Ahora mismo, las pensiones se calculan sobre 25 años de cotización,  y aunque no consta en el documento firmado cuántos años se ampliaría el cálculo, en varias ocasiones el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá,  ha propuesto que los 25 actuales se podrían incrementar hasta 35. A partir de esta tesis, las universidades de Extremadura y València aseguran en un informe que esta ampliación "supondría un aumento de la contributividad y al mismo tiempo una rebaja de la pensión media inicial". Concretamente, si esta ampliación de diez años se aplica sin ninguna medida complementaria, estaríamos hablando de una disminución de la pensión inicial de en torno a un 8,6% según estos expertos. Otros datos sitúan esta reducción entre el 5,45% y el 6,3%.

1.194 euros mensuales. Este era el valor de la última pensión inicial de jubilación del pasado mes de octubre, según datos de la Seguridad Social y con un cómputo de 25 años. Si este se ampliara en 35, la reducción sería de 105 euros cada paga, hasta los 1.089. Al final del año, serían 1.407 euros menos que ahora. Eso se debe por el hecho a que la mayoría de la población tiene un perfil salarial creciente, es decir, a medida que pasan los años, su sueldo va aumentando.

Las mujeres, especialmente perjudicadas

Esta modificación sería difícilmente asumible para los jóvenes, que ahora empiezan a trabajar y desarrollarán unas carreras volátiles marcadas por la alta temporalidad y por un paro juvenil disparado en el Estado. También será más perjudicial para las mujeres, que presentan unas carreras laborales más cortas. Eso provocaría que sus pensiones se redujeran en un 10,3%, por el 7,9% en el caso de los hombres.

Escoger los mejores años 

A raíz de toda la polémica generada por este acuerdo con la Comisión Europea, el ministro Escrivá ha insistido en que esta medida podría llegar a favorecer a algunos colectivos determinados. Además, ha negado rotundamente que esta ampliación supondrá un recorte en la cuantía de las pensiónes. "No, no, y no. Rotundamente no", aseguró ayer,  a la vez que defendía que mejoraría "la situación de estas personas para las que sus últimos años cotizados no son los mejores". También podría ser positivo para aquellas personas que pierden el trabajo en los últimos años de su edad activa.

Como también ha sugerido Escrivá, una de las propuestas que hace la Comisión del Pacto de Toledo al Congreso para suavizar el efecto de esta reforma sería tener la posibilidad de escoger los años más convenientes de su carrera para el cálculo. En este caso, según también el informe valenciano-extremeño, si se pudieran escoger los mejores 25 años, aunque se ampliaran en 35, el gasto crecería en un 6,5% por término medio en cada pensión inicial. Así, en ningún sitio de reducirse de 1.194 en 1.089, esta se incrementaría en 78 euros hasta 1.272 por paga. En este caso, los principales beneficiados serían los cotizadores con bases más bajas y con una carrera laboral más corta.

Rechazo de los sindicatos

Esta propuesta puede generar un nuevo choque entre el gobierno de coalición, después de las innumerables batallas por la reforma laboral, la derogación de la ley Mordaza o el caso de Alberto Rodríguez. De momento, la líder de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, no se ha pronunciado sobre el pacto entre Montero y Gentiloni por los fondos europeos, que específica que los cambios no tienen que entrar en vigor hasta finales del 2022.

Por su parte, los sindicatos ya han expresado su rechazo más absoluto a la medida. En un texto conjunto, Comisiones Obreras y UGT han cargado contra el Gobierno por sus constantes cambios de opinión sobre un tema que afecta millones de ciudadanos españoles: "Su capacidad para complicar los procesos de negociación parece no tener límite". Además, advierten que no aceptarán "en capo caso una medida que implique un recorte de las pensiones, tal como supone ampliar el periodo de cálculo que se ha anunciado."

 

Imagen principal: Europa Press