El Congreso tramita la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos que crea nuevos impuestos a las grandes empresas energéticas y la banca. La toma en consideración de la iniciativa de los grupos que componen el Gobierno obtendrá el apoyo de ERC, PNV, EH Bildu, la CUP, Más País o Coalición Canaria mientras que se oponen el PP, Cs y Vox. Junts y el PDeCAT optan por la abstención. De esta manera, el texto continuará el trámite parlamentario durante el cual aliados de la investidura ya han reclamado que se hagan modificaciones.
La diputada socialista Patricia Blanquer ha defendido que lo que plantea la norma son "aportaciones justas, justificadas constitucionalmente, supeditadas al interés general" y que no es "nada extravagante", ya que va "en línea con lo que potencia la Comisión Europea". "Es de justicia lo que les estamos pidiendo" porque "promueve esfuerzos económicos de manera equitativa", ha dicho. Así pues, la inflación y la crisis energética coparán este miércoles la primera sesión de control en el Gobierno al Pleno del Congreso después de la vuelta a la actividad parlamentaria por el paro estival. Estos son los temas en que quieren centrar su atención no sólo los grandes grupos de la oposición sino también socios del Ejecutivo, como ERC, el PNV y EH Bildu.
Objetivo a corto plazo
Según la proposición de ley, el impuesto a las energéticas será del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios. No afectará a las empresas con facturación inferior a 1.000 millones de euros, y el ejecutivo espera a que aporte 2.000 millones el año, es decir 4.000 millones en dos años. El impuesto a las entidades de crédito será un gravamen del 4,8% sobre el importe neto o el margen de intereses o de comisiones. Afectará a las entidades que superen los 800 millones de euros en intereses o comisiones, y prevé recaudar cerca de 1.500 millones el año, 3.000 millones en dos años. En total son 7.000 millones en dos años, el tiempo que la proposición prevé que se aplique el tributo.
El PNV dice sí, pero con condiciones
Formaciones como ERC, la CUP o el BNG han dado la bienvenida a los impuestos, pero les han considerado insuficientes. El diputado republicano Joan Margall ha visto "buena" la iniciativa, pero ha opinado que llega "muy tarde" y es un "parche". Margall ha avanzado que ERC pretende trabajar para hacerla "más ambiciosa" y ha reclamado "ampliar el ámbito de aplicación, que tenga carácter permanente mientras los beneficios sean extraordinarios y una tramitación rápida".
El diputado de la CUP Albert Botran ha defendido la nacionalización de las empresas a quien van dirigidos los gravámenes para conseguir el "control de precios, limitar beneficios y dirigir democráticamente la necesaria transición energética". "A favor de estos impuestos, pero más a favor todavía de la expropiación", ha dicho.
Por otra parte, el PNV ha anunciado el voto a favor de la toma en consideración, pero ha avisado de que no se puede dar por hecho su apoyo más adelante, ya que ve la iniciativa "muy populista" y hecha con "improvisación". Los grupos vascos, además, reclaman que la gestión del tributo sea autonómica. Junto con Bildu han dado apoyo a su tramitación, pero exigiendo un acuerdo para su aplicación a las comunidades con régimen foral, el País Vasco y Navarra, advirtiendo, hasta, por parte del PNV, que son capaces de tumbar el impuesto por la vía legal: "O hay concertación foral o nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance", ha avisado Idoia Sagastizabal, de que ya había advertido del riesgo de que los tributos fueran impugnados y acabaran teniendo que devolver cantidades recaudadas. Para EH-Bildu, su portavoz Mertxe Aizpurua ha lamentado que estos tributos "no son suficientes", al buscar recaudar "muy poco" en estos sectores. Así, la recaudación buscada en el caso de las energéticas es de 2.000 millones en dos años cuando han ganado 11.000 millones en seis meses.
Abstenciones de Junts y PDeCAT
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha justificado la abstención por "la arquitectura débil" de la medida que pronostica que "acabará chocando de lleno en los tribunales". Además, Nogueras ha opinado que acabará repercutiendo en los clientes. "No creo que dejar por escrito que no se puede trasladar sea suficiente", ha apuntado. En rueda de prensa esta mañana en la cámara baja, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha criticado la estructura jurídica del texto, que ve "muy poco depurado desde la óptica de la técnica legislativa" y ha avisado de que puede generar inseguridad jurídica en el sector financiero. "Será objeto de impugnación", ha previsto.
Los quien más polémica han levantado antes de que acabara la sesión de hoy han sido los populares que se han negado desde el principio. También se han sumado a la negativa Vox y Ciudadanos. El diputado de los populares Mario Garcés ha afirmado que supone un "viaje a la irracionalidad fiscal" y ha considerado que la norma es un "disparate jurídico". Según Garcés, el Gobierno es "una máquina de crear pobres" y ha censurado los tributos a las grandes compañías.