El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el órgano encargado de controlar que las leyes catalanas se ajusten a la Constitución y el Estatuto, considera que el decreto ley de vivienda de Catalunya vulnera los derechos de los propietarios al avalar la ocupación ilegal.

El Consejo considera que el decreto ley de la Generalitat de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda es "inconstitucional" por la nueva definición de "vivienda vacía". El órgano alega que la norma vulnera varios artículos de la Constitución, así como los derechos de los propietarios a recuperar las viviendas ocupadas por terceras personas.

Esta nueva definición de vivienda vacía está todavía pendiente de convalidación en el Parlamento de Catalunya (es el Decreto Ley 1/2020 que se aprobó el pasado 21 de enero). Deja claro que la ocupación sin título legítimo no impide que una vivienda se considere vacío, aunque el propietario haya iniciado acciones judiciales.

Además, el Consejo recuerda que la nueva ley de vivienda ya convalidada en el Parlament establece una medida que ya ha traído mucha polémica: obligar a los inversores a ofrecer alquileres sociales a okupas que hayan ocupado una vivienda vacía si los mismos demuestran que estaban ocupando la vivienda desde antes del 30 de junio de 2019 (6 meses).

El Consejo señala en este punto una vulneración de la Constitución: "El establecimiento de importantes sanciones y multas económicas en los casos de falta de una oferta de alquiler social previo a la interposición de una demanda judicial podría considerarse una restricción o un freno que obstaculiza indebidamente la libre decisión de interponer la pertinente demanda de recuperación de la posesión ilegalmente perdida (artículo 250.1.4t de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la Constitución".

El dictamen también considera que las "elevadas sanciones y multas pecuniarias previstas para el supuesto de incumplimiento de la obligación de ofrecer un alquiler social podrían constituir un freno o un condicionante a la decisión del propietario de seguir con la tramitación del procedimiento ya iniciado" para acabar con la ocupación. En este sentido, considera que se podría incurrir en una "renuncia forzosa" a recuperar la posesión de la vivienda ocupada.

El dictamen se aprobó por unanimidad, y se redactó a raíz de una petición del grupo de Ciutadans.