La Sindicatura de Comptes, que se encarga de llevar a cabo el control externo de las entidades del sector público, ha detectado un sobrecoste de 4.949,01 millones de euros en la construcción de la L9 hasta el año 2016. Según el informe, encargado por el Parlament de Catalunya, el coste de las obras ha ascendido hasta los 6.916 millones de euros ante los 1.967,46 millones de euros del coste previsto en los encargos iniciales hasta el ejercicio del 2002.

La sindicatura también indica que en algunas de las adjudicaciones por las obras no consta ninguna justificación de las puntuaciones otorgadas o que, en las ofertas descartadas, los informes técnicos no están "suficiente motivados". Además, también informa sobre la concesión de unos trabajos a una sociedad vinculada con el entonces presidente de infraestructuras.cat.

La línea 9 del metro, que tiene que ser el más largo de Europa con 48 kilómetros de trayecto, tiene que unir Santa Coloma de Gramenet y Badalona con la Feria de Barcelona, la Zona Franca y el Aeropuerto del Prat. Sin embargo, actualmente sólo funciona en sus tramos norte y sur.

El sobrecoste en la construcción

El incremento de los casi 5.000 millones de euros corresponden por una parte a los 2.828,77 millones de euros de incremento del coste de la inversión a fecha 31 de diciembre del 2016, mientras que 2.120,24 millones de euros de incremento corresponderían a costes financieros hasta la misma fecha.

Según la Sindicatura, hasta el 31 de diciembre del 2016, se adjudicaron 1.093 contratos por valor de 13.102,80 millones de euros, de los cuales 2.917,76 millones de euros correspondían a adjudicaciones de obra presupuestaria y sus modificaciones, y 9.837,32 millones de euros en contratos de concesión de las estaciones. Además, se adjudicaron 347,72 millones de euros para servicios y suministros.

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Obras de la línea 9 de metro el año 2017. / Sergi Alcàzar

Justificaciones nulas o insuficientes

El informe, elaborado por encargo del Parlamento, también observa que tres de los siete expedientes adjudicados durante el periodo 2009-2010 por Gisa i Ifercat –entidad de la Generalitat que gestiona las infraestructuras ferroviarias- "no constaba ninguna justificación de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores"; y que en el periodo 2011-2015, sí que se incluyeron pero de una forma "genérica" e "insuficiente".

Asimismo, entre 2010 y 2014 la Sindicatura considera que los informes técnicos que responden a las alegaciones de los licitadores "no están suficientemente motivados" y que "en ninguno" de los proyectos descartados constaba una propuesta de exclusión por parte de la Mesa de Contratación.

La Sindicatura recuerda que, entre en junio del 2011 y en noviembre del 2015, a la Mesa de Contratación llegaban las ofertas presentadas por los licitadores que previamente había analizado la Oficina Técnica de Evaluación, de la cual, concluye el informe, "su tarea queda cuestionada" para no argumentar suficientemente los motivos de exclusión de otros licitadores. La oficina se suprimió en noviembre del 2015.

Incidencias en las adjudicaciones

El informe también señala que una de las adjudicaciones, por valor de 640.000 euros, fue para una unión temporal de empresas (UTE), de las cuales una de estas habría tenido como administrador único a quien el informe nombra como "JLQ". Estas corresponderían a Joan Lluís Quer, quien entonces era presidente de Infrastructures.cat. Esta se trataría de una práctica contraria al establecido a la Ley de contratos del sector público, según constata la Sindicatura.

Por otra parte, la Sindicatura también se hace eco de como en diez expedientes adjudicados por Gisa e Ifercat los ejercicios 2009 y 2010 constan varias "incidencias relacionadas con los objetos de los contratos, los importes, las fechas o los tipos de contratos". Además, también considera que se modificó "aspectos esenciales" de los contratos tramitados por Ifercat entre 2010 y 2014.