El Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya ha denunciado un trato "discriminatorio" de las tarifas eléctricas para las industrias en función del territorio, con una pérdida de competitividad "importante" y un agravio comparativo "innecesario".
En un comunicado, el colegio asegura que, por ejemplo, en el País Vasco algunas industrias pagarán peajes inferiores en un 45% respecto de la industria catalana. Ante esta situación, el colegio propone que se establezca un sistema de tarifas con criterios "equitativos" de manera que no se produzcan situaciones discriminatorias entre empresas similares dependiendo del territorio, evitando así "cualquier alteración artificial" de la competitividad del tejido productivo del país.
El Colegio de Ingenieros Industriales recuerda que de cara al 2018 la banda de peaje (30kV-36kV) se eliminará y se aplicarán los peajes correspondientes a los de suministro a tensiones comprendidas entre 36kV y 72kV, que de esta manera amplía su rango convirtiéndose en 30kV-72kV con unos peajes mucho más económicos. "Todo eso en base a acuerdos políticos de carácter presupuestario difícilmente sostenibles desde un punto de vista técnico y económico", afirma.
Así las industrias que obtienen el suministro a una tensión comprendida entre 30kV y 36kV como es el caso de las del País Vasco pasarán a pagar un peaje de acceso de 21,55 euros/kW y año y las que quedan suministradas a 25kV, como las industrias catalanas, pagarán 39,14 euros/kW y año, lo que representa un abaratamiento adicional del 45% para las empresas del País Vasco.
Así, según subraya el Colegio, las empresas e industrias conectadas a 25kV, similares por potencia, consumos e, incluso, segmentos industriales en las conectadas a tensiones superiores a los 30kV en otros territorios, pagarán una factura eléctrica total entre un 15% y un 20% superior.
En términos técnicos y económicos la única diferencia real, según apunta el Colegio, es el territorio geográfico donde realizan su actividad, cosa que significa un trato "claramente discriminatorio" entre empresas y territorios con una pérdida de competitividad "importante" y un agravio comparativo "innecesario".
El Colegio reclama que hay que resolver esta "disfunción" y propone que se establezca un sistema de tarifas con criterios "equitativos" de manera que "no se produzcan situaciones discriminatorias entre empresas similares dependiendo del territorio, cómo siempre había sido, evitando así cualquier alteración artificial de la competitividad de nuestro tejido productivo".