Este miércoles confirmamos que la inflación está completamente desbocada y que ya ha escalado hasta el 9,8% en España y hasta el 9,5% en Catalunya. Ante esta subida de precios, que no se veía desde 1985, tanto contratistas como patronal han hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que tomen medidas y así evitar que un gran número de licitaciones queden desiertas. Ya que en los últimos meses, un total de 264 obras por valor de 59,1 millones de euros ya licitadas por las administraciones han quedado desiertas, según los datos presentados por la Cámara de Contratistas de Obras (CCOC) esta semana.
De hecho, el presidente de la Cámara, Joaquim Llansó aseguró a TV3 que esta situación de deserción de las obras ya licitadas ha empeorado en las últimas semanas con el impacto del inicio de la guerra en Ucrania, que ha empeorado una situación que ya venía siendo dura por la pandemia y el bloqueo del canal de Suez de ahora hace un año. En este sentido, Llansó pidió a las administraciones que introduzcan fórmulas de indexación a los contratos para recoger la subida de los precios y así evitar que los concursos queden desiertos o que, directamente, no se presente nadie. "Necesitamos que haya mecanismos de adaptación de precios de manera ágil y rápida a todas las obras que salgan a concurso", aseguró el presidente de la CCOC, que también exigió, tanto a la Generalitat como al Gobierno "mecanismos de reequilibrio contractual".
De momento, comentó Llansó las obras más afectadas son las pequeñas, ya que son los contratistas más pequeños los que más notan esta subida de precios, aunque ya avisó de que los grandes contratos también pueden sumarse esta tendencia bien las próximas semanas o meses si los precios no empiezan a bajar. En esta línea, también reconoció que "las medidas excepcionales de revisión de precios en los contratos públicos de obras aprobadas en marzo por Gobierno y la Generalitat son insuficientes y no cubren las obras que empiecen en el 2023, pero el sector espera que se prorroguen y se amplíen".
Estos mecanismos aprobados por los diferentes gobiernos, que buscan actualizar y revisar los precios para que no queden desiertas las convocatorias, pero solo se aplican si el contratista detecta un aumento de más de un 5% del coste de la obra y solamente incluyen las desviaciones de precios de materiales bituminosos, siderúrgicos, el cobre o el aluminio, en este punto Llansó destacó las medidas "no incluyen, por ejemplo, el precio de la energía, disparado las últimas semanas, ni el coste de la mano de obra, lo que provoca una discriminación hacia cierto tipo de obras licitadas como los contratos de edificación".
Cecot también pide medidas excepcionales
En esta línea también se ha pronunciado el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, que directamente se ha dirigido por carta al conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirlos también que apliquen medidas excepcionales en la contratación pública de servicios y de suministros que permitan la revisión de precios dada la actual situación de incremento desorbitado en determinadas materias primas que están comportando sobre costes en la ejecución de sus contratos públicos.
En este sentido, Abad recuerda a las administraciones que el incremento de precios ha alterado de manera imprevisible la base económica de los contratos que se realizaron durante los periodos de licitaciones públicas y, una vez en pleno proceso de ejecución, el impacto del aumento exponencial de algunas materias está excediendo el margen que puede ser incluido en el riesgo y ventura que cualquier contratista puede soportar en todo contrato público. Cierto es que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público permite en su artículo 103 la revisión del precio de los contratos, cumpliendo los requisitos que se fijan. Sin embargo, la desorbitada subida de las materias primas indispensables por la ejecución de los contratos no es posible afrontarla con este mecanismo en aquellos contratos que el pliegue no incorpora la revisión de precios, o aunque se contempla, no se cumplen los requisitos legales para aplicarla.
Ante esta circunstancia, que afecta de manera perjudicial al interés público de cualquier contrato del sector público y en las empresas que los ejecutan, "desde la Cecot creemos que hay que adoptar medidas urgentes y de carácter excepcional, que permitan una revisión también excepcional de los precios de los contratos", afirma Abad quien añade que "es más, lo que pedimos es equiparar el trato excepcional que se ha aplicado a los contratos de obras, a los contratos de servicios y a los contratos de suministro, ya que igualmente están afectados gravemente por la subida de precios". "Tenemos que tener en cuenta que hay bastantes empresas medias y pequeñas, que proveen de bienes y servicios a la administración y que la mayoría ya tenían contratos suscritos de acuerdo con unas condiciones que ahora, con la subida desorbitada de determinadas materias no pueden repercutir y pone en riesgo su viabilidad y su supervivencia. Lo que pedimos es que, excepcionalmente, también se pueda aplicar una revisión de precios en el contexto actual para amortiguar el impacto económico sobre la actividad de estas empresas para que puedan seguir operando", concluye Abad.
La licitación crece en Catalunya
A pesar de este clamor de los contratistas y la patronal, hay que apuntar que la licitación de obras públicas en Catalunya ha crecido un 41% durante el primer trimestre del 2022, hasta los 972,3 millones de euros, según un comunicado de la CCOC. El 47,4% de la licitación total corresponde a las licitadas por el Gobierno con 460,9 millones de euros licitados (+496%), un "incremento excepcional" a causa de la licitación de Adif de las obras para soterrar el R2 de Rodalies a su paso por Montcada i Reixac que representan un total de 384,7 millones.
Los ayuntamientos, por su parte, han licitado el 44,2% del total, con 430 millones, un 8% más que en el mismo periodo de 2021; mientras que la Generalitat ha reducido su licitación un 62%, hasta 81,4 millones y un 8,5% del total. Ante el panorama, la CCOC alerta de que el uso de acuerdos marco y sistemas dinámicos de contratación provoca que "no toda la licitación sea ejecutada este año, y es posible que no se ejecuten los importes íntegramente". Por otra parte, la licitación de servicios registró 503,2 millones de euros, un 3% menos, y con un peso de las administraciones locales del 88,1%; la Generalitat, del 7%, y el Gobierno, del 4,8%.