El Gobierno ha iniciado este lunes la negociación para la segunda parte de la reforma de las pensiones con una reunión entre el Ministerio de la Seguridad Social, las patronales, los sindicatos y las asociaciones de autónomos.

El encuentro ha servido como una primera toma de contacto entre las partes y sobre todo para organizar y dejar claro que comprenderá esta segunda parte de la reforma, que incluirá el mecanismo de equidad generacional, el desarrollo del sistema de cotización por ingresos para los autónomos o el destope gradual de las cotizaciones de la Seguridad Social entre otros. Este es el mecanismo que tiene que permitir atenuar el impacto que tendrá la jubilación de la generación más numerosa del último siglo, el 'baby boom' (1960-1975).

Según ha señalado el mismo Ministerio, el objetivo de estos encuentros es "continuar con el diálogo social sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en materia de pensiones".

Por parte de los sindicatos, desde CCOO han apuntado después de la reunión que el Ministerio de Escrivá se ha comprometido a enviar textos en las próximas fechas sobre algunas de las cuestiones discutidas hoy. En relación con eso, el sindicato liderado por Unai Sordo ya ha reclamado también el detalle de la financiación presupuestaria a los Presupuestos Generales del Estado del año que viene y el incremento de las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas.

Por la parte de la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido al Gobierno en una entrevista en la COPE evitar "fórmulas de laboratorio" para calcular las pensiones del futuro porque "no resuelven nada". Al mismo tiempo, también ha comentado la posibilidad que vincular las pensiones a la inflación, puede acabar afectando negativamente en las cuentas públicas.

A la reunión de este lunes ha asistido al secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, junto con representantes de CEOE, CEPYME, CCOO, UGT, UATAE, ATA y UPTA. Además, ya han acordado la fecha del próximo encuentro que será a finales de mes, el 27 de septiembre.

¿Qué se acordó con la primera parte de la reforma?

Hay que recordar que esta reforma es una de las muchas a las que se comprometió el Gobierno con la Unión Europea en el Plan de Recuperación. Ahora bien, dentro del primer paquete de medidas, aprobado el pasado mes de julio se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones aprobada por el PP el año 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba la subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

Es por eso que el acuerdo, que se desarrolló en forma de anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular la revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al principio del año.

Además, la primera parte de la reforma también estableció una serie de medidas para desincentivar la jubilación anticipada cuando esta es voluntaria. Así, el texto limita con carácter general las jubilaciones forzosas: se prohíben antes de los 68 años y solo se permitirán en los sectores con baja presencia femenina, en los cuales la salida del trabajador jubilado forzosamente comporte la contratación de una mujer, y siempre que el trabajador retirado tenga derecho al cobro del 100% de su pensión por haber tenido una larga carrera.

Al mismo tiempo, la reforma penaliza a todos aquellos trabajadores que se acojan a la jubilación anticipada voluntaria. En este caso se aumentan las penalizaciones de los que quieran retirarse 24 o 23 meses antes de la edad legal. Concretamente, lo que se busca es que las personas que se jubilan anticipadamente de forma voluntaria retrasen dos o tres meses su decisión para obtener una pensión mejor que con las reglas actuales. Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada involuntaria se mejoran en todos los casos.

Finalmente, también se incentiva la jubilación demorada. Se prevé una subida del 4% en la pensión o un pago de una vez (que podría llegar a los 12.060 euros) por cada año que un trabajador decida retrasar su edad de jubilación más allá de la edad legal.