El Departament d'Economia ha presentado este jueves una proposición de ley con el fin de garantizar cajeros automáticos a todos los municipios del país con el fin de evitar el riesgo de exclusión financiera. Según ha explicado el conseller de Economía Jaume Giró, que ha sido el encargado de presentar la propuesta, ha destacado que busca resolver dos problemas que actualmente tiene Catalunya, en primer lugar, revertir la exclusión financiera y, en segundo lugar, combatir el riesgo del despoblamiento en el territorio. En este sentido, Giró ha recordado que la propuesta sigue la tendencia de reconocer los derechos financieros como un derecho social, tal como lo exige la Unión Europea a todas las entidades bancarias. Ahora bien, como ya hemos explicado eso seguirá la vía de la proposición de ley, ya que Catalunya no tiene las competencias necesarias para redactar este tipo de ley, por lo tanto, tendrá que ir a presentar al Congreso su propuesta y esperar que sea tramitada, debatida y finalmente aprobada.
Aparte de todo el proceso que tendrá que hacer la propuesta porque finalmente sea aprobada, el conseller ha declarado en una rueda de prensa al Departamento, que el objetivo de la Generalitat no es colgarse ninguna medalla, sino ampliar la protección de los ciudadanos más vulnerables del país. Y es que la reducción de oficinas y cajeros en zonas rurales ha dejado sin oficina un total de 443 municipios catalanes, recordando que desde el 2008 Catalunya no ha parado de perder oficinas constantemente, con la consiguiente exclusión de toda esta población, que según ha afirmado el conseller serían cerca de 250.000 personas, la mayoría de las cuales son personas mayores.
A tiempo de evitar la catástrofe
Ante esta situación, el conseller ha asegurado que "todavía somos a tiempo de evitar que esta situación vaya a más" y ha dejado muy claro que esta es una iniciativa politicosocial que "es necesaria y oportuna", asegurando que "lo hemos redactado porque sea una medida viable y realista para|por los bancos" inspirada en el principio de voluntariedad y subsidiariedad.
Al mismo tiempo, Giró ha recordado que la desaparición de cajeros y oficinas bancarias es muy perjudicial al territorio, recordando que no fomenta la innovación. En este sentido, el conseller ha recordado que si las administraciones mantienen las carreteras y los servicios sanitarios, se tiene que hacer el mismo con el sistema bancario. Al mismo tiempo el conseller ha puesto otro ejemplo, recordando que es inconcebible que alguien vaya a vivir en una vivienda que tenga luz y gas y que al cabo de un tiempo las empresas comercializadoras dejan de dar servicio a aquellas zonas donde no es rentable, pues ha defendido lo mismo para los bancos asegurando que el objetivo del Govern quiere que todo el mundo tenga servicios bancarios.
¿Cómo funcionaría esta ley?
El consejero también ha explicado cuál sería el funcionamiento porque todos los pueblos del país acaben con como mínimo un cajero automático. En primer lugar, el Banco de España publicará un listado con todos los municipios del Estado que no tienen servicios financieros esenciales, es decir cajero u oficina. Una vez hecha esta publicación se abriría un periodo donde las entidades bancarias, de forma voluntaria, podrían colocar los cajeros en los municipios donde quieran. Esta sería la primera fase y sería completamente voluntaria. La según fase sería la subsidiaria. Una vez finalizada el periodo voluntario, el Banco de España volvería a publicar el listado de los municipios sin servicios bancarios. A partir de aquí, se abrirá un fondo gestionado por el Ministerio que será financiado por las entidades bancarias y que servirá porque los ayuntamientos coloquen los cajeros que faltan a lo largo del territorio.
¿Llegará a ser una ley?
Sobre si la propuesta llegará a ser una ley finalmente, el consejero ha estado muy claro y ha dicho que no lo sabe, aunque sí que ha asegurado que es muy optimista con el resto de formaciones políticas para que acaben aceptándola, puesto que le parecería "una situación insólita y anómala". Además, ha recordado que la propuesta solo pide "el mínimo" porque "no pedimos nada del otro jueves", haciendo hincapié en que el Gobierno no está obligando nadie a poner más oficinas, sino el mínimo, que es un cajero automático.
Giró también ha sido preguntado por si considera que las administraciones tendrían que aportar alguna parte de los fondos, al que ha recordado que los bancos más grandes del Estado "son plenamente solventes" y que está convencido que ellos tampoco pondrán palos a las ruedas ni se opondrán frontalmente. En este sentido, ha recordado que la proposición de ley también abre la puerta a una segunda posibilidad, que son los ofibuses, es decir autobuses oficina, que puedan pasar por más de un pueblo ciertos días en la semana.