Nuevo revés judicial para el Consorcio para la Gestión Integral de Aguas de Catalunya (CONGIAC) y para el Ayuntamiento de Collbató que confirma la ilegalidad de este sistema de adjudicación de servicios. El Tribunal Supremo ha decidido no admitir los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Collbató y CONGIAC-GIACSA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que considera que el sistema CONGIAC-GIACSA constituye un fraude de ley. Con esta decisión del Supremo, la sentencia del TSJC se vuelve firme y ahora Collbató tiene que ejecutarla con un nuevo sistema de gestión del servicio de agua que cumpla la ley.
Concretamente, estamos hablando de que el CONGIAC es un ente público que agrupa varios ayuntamientos para la gestión del ciclo del agua a través de la empresa GIACSA. Esta empresa está formada por el mismo Consorcio y el resto de accionistas son Aguas de Manresa, Aguas de Mataró, Aguas del Prat, Reus Servicios Municipales, y la Empresa Municipal de Aguas de Vilafranca.
La sentencia del TSJC de 21 de septiembre de 2020, relativa a la aprobación por parte del Ayuntamiento de Collbató de la forma de gestión directa del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del municipio, su adhesión al CONGIAC y el encargo de la gestión del servicio en GIACSA, concluía que el CONGIAC no es una modalidad válida de gestión asociada del servicio público del agua.
Instrumento fraudulento
Se trata de un instrumento fraudulento que sirve a los municipios con empresa pública de agua, como Manresa, Reus o Vilafranca, para extender sus servicios más allá del ámbito que les es propio y así convertirse en proveedores de los municipios pequeños, que son clientes. La sentencia también señalaba que no se podía considerar un encargo de gestión, ya que "se tiene que realizar en otros órganos o Entidades de Derecho Público de la Administración, condición que no se da a GIACSA como sociedad mercantil pública sujeta a derecho privado".
Finalmente, la sentencia determinaba que GIACSA no puede ser medio propio de los ayuntamientos adheridos al CONGIAC por varios motivos. En primer lugar, porque los ayuntamientos no participan en su accionariado ni tampoco tienen un control análogo sobre GIACSA como lo que ejercen sobre sus propios servicios internos. En segundo lugar, porque la percepción de un beneficio industrial por parte de GIACSA es incompatible con su condición de medio propio. En tercer lugar, porque GIACSA no presta sus servicios a todos los miembros del CONGIAC, sino solo a algunos.
Y finalmente porque GIACSA no dispone de medios para prestar el servicio, sino que ejerce como intermediario de sus accionistas que son las empresas públicas municipales, los facilita encargos e ignora la obligación de los ayuntamientos de convocar licitaciones y de las empresas de concurrir, hecho que vulnera la normativa de competencia.
Rectificaciones en 11 municipios
De hecho, a raíz de la sentencia del TSJC, el CONGIAC, Collbató y otros 11 municipios, Sant Llorenç d'Hortons, Olost, Sant Antoni de Vilamajor, Montornès, Tremp, Bellpuig, Llanars, Camprodon, Figaró-Montmany, Olèrdola y Campdevànol, trataron de enmendar todas las situaciones irregulares y las graves ilegalidades constatadas.
Estas enmiendas iban en dos líneas: en primer lugar, los ayuntamientos que inicialmente habían decidido asociarse al consorcio CONGIAC y encomendar el servicio a GIACSA (sociedad del consorcio) delegaron la competencia de agua en el Consorcio, a fin de que fuera este el que decidiera la mejor forma de gestión y quien encomendara a GIACSA el servicio después de haber demostrado a la memoria económica correspondiente que GIACSA era la forma de gestión más sostenible y eficiente.
Y en segundo lugar dado que la ley exige que la entidad local tiene que tener el control sobre el medio propio, el Consorcio pasó a tener el 51% del capital de su empresa GIACSA, y todos los ayuntamientos el mismo número de votos, con la idea de demostrar que hay una situación de control conjunto sobre GIACSA que permitiría considerarla un medio propio del consorcio.
Pero, a pesar de estos esfuerzos, la realidad es que el CONGIAC sigue no siendo una forma de gestión asociada legal o válida en tanto que sus miembros siguen no teniendo un interés común. Asimismo, la delegación de competencias no sería efectiva en los términos exigidos por el Tribunal Europeo de Justicia, ya que está condicionada en que la gestión del servicio sea efectuada por GIACSA. Además, GIACSA tampoco constituye un medio propio de CONGIAC, pues aunque el CONGIAC haya incrementado su participación en el capital de la empresa GIACSA para justificar un posible control análogo sobre la empresa, sigue sin disponer de medios materiales para ejecutar los encargos.
Estos encargos siguen prestándose materialmente por las sociedades municipales de los municipios de mayor población. Y sigue recibiendo una retribución como contraprestación de la realización del servicio. Por lo tanto, se trata de medidas insuficientes que lo único que hacen es burlarse la sentencia del TSJC y que no regularizan la situación de ilegalidad en que está operando el Consorcio CONGIAC y su empresa GIACSA. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Collbató tendrá que ejecutar la sentencia y optar por un modelo de gestión del servicio de agua que cumpla con el ordenamiento jurídico y, especialmente, con la normativa de competencia.