El mundo económico y empresarial de Catalunya y de todo el Estado ha dicho la suya sobre la sentencia del juicio del procés. O ha evitado posicionar, que también es una manera de valorar. Las opiniones van del blanco al negro y la principal diferencia se encuentra en el origen de las entidades, más críticas las de Catalunya; "con total con respecto al Supremo" las españolas.
Cámaras y patronales
Las Cámaras catalanas han sido las primeras a manifestarse. Lo han hecho a través de un comunicado conjunto a través del Consejo General de Cámaras, en las que han criticado "la judicialización de la política" y han apelado al diálogo para solucionar el conflicto. Mucho más contundente ha sido Joan Canadell, el presidente de la Cambra de Barcelona, que aparte del comunicado conjunto con el resto de cámaras ha querido comparecer ante los medios para aclarar que "reclamamos la absolución de los presos y exiliados" y asegurar que "sin respuesta no llegaremos a ningún sitio". Por su parte, hace días la Cámara de Terrassa también se desmarcó pidiendo la absolución.
El mundo patronal, sin embargo, ha sido mucho más moderado. De entrada, la patronal egarense Cecot, liderada por Antoni Abad, ha expresado su "rechazo a la judicialización de un conflicto que desde un inicio ha tenido naturaleza política" y ha reclamado "diálogo" para resolver el conflicto catalán, una línea parecida a la del Consejo de Cámaras. La Pimec ha criticado la sentencia aseverando que "la condena no ayudará a resolver el conflicto, al contrario" y ha defendido la necesidad de trabajar con "respeto, diálogo y cooperación" para conseguir "normalidad democrática".
Por su parte, Foment del Treball, con Josep Sánchez Llibre al frente, ha evitado hacer cualquier declaración y se ha remitido al comunicado que publicó la semana pasada, en que evita dar cualquier auxilio a los presos y espera que "con la publicación de la sentencia se facilite la recuperación de la estabilidad y de la normalidad democrática e institucional". El Círculo de Economía, recién estrenado por Javier Faus, considera que la sentencia del procés supone un "punto de inflexión a partir del cual la política tiene que asumir su papel insustituible en la reconducción de la crisis" y manifiesta que se abre una "nueva etapa" que exigirá una propuesta "lejos de posiciones maximalistas" y que "reúna la mayoría de la ciudadanía que cree en la moderación y el entendimiento".
La prudencia y el temor a que una respuesta contundente a la sentencia "haga daño a la economía" ha sido la excusa de la gran mayoría de entidades que consideran que el diálogo es "la mejor opción" después de publicarse la sentencia.
A nivel estatal, el posicionamiento ha estado mucho más duro. La patronal española CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ha expresado su "respeto más absoluto" por la sentencia. Además, ha afirmado que "la ley es la base de la democracia" y que "el marco constitucional tiene que ser el ámbito en que se desarrolle la normalidad política y económica dentro del estado de derecho". Por último, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha expresado este lunes su respeto "más absoluto a las decisiones de los tribunales" y ha explicado que "renueva su compromiso con la democracia que se basa en la ley, igual para todos, y en el marco constitucional que nos ampara dentro del estado de Derecho".
Sindicatos
Los sindicatos catalanes se han manifestado rápidamente en contra de las condenas del Supremo a los presos políticos. En particular, la UGT ha calificado la sentencia de "injusta" y "prisión injustificable", y ha querido hacer una mención a la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, que fue secretaria general del sindicato en Girona. Por su parte, CCOO ha advertido que "no son aceptables la judicialización de la política ni la politización del sistema judicial" y ha aseverado que quieren a los presos "en casa".
La CGT también ha condenado la sentencia, tildándola de ser "una nueva página en el rearme represivo y punitivo del estado". El sindicato ha advertido que la decisión del Supremo "abre la puerta a tipificar con el delito de sedición reuniones y manifestaciones incómodas" para el gobierno de turno, y ha dicho que se trata de "criminalización del derecho de protesta y de la organización política y social". Para el sindicato, "el cedazo aplicado en este nuevo juicio político será el precedente sobre lo que el Estado reforzará su brutalidad en procesos futuros" y también ha recordado a los jóvenes de Altsasu como ejemplos de esta "represión".
Por último, el sindicato independentista Intersindical-CSC ve la sentencia como "un atentado contra los derechos y las libertades fundamentales" y hace un llamamiento a sindicatos y organizaciones sociales de todo el mundo a rechazar la decisión del Supremo, mientras que la Intersindical Alternativa de Catalunya (YAK) ha exigido la libertad de los presos y una ley de amnistía.
Banca
Los bancos, por su parte, han evitado posicionar sobre la sentencia del juicio del 1-O. Así se ha visto reflejado en el X Encuentro del Sector Financiero organizado por KPMG hoy, en qué el presidente de CaixaBank y el consejero delegado del Banco Sabadell, Jordi Gual y Jaume Guardiola, a pesar de tener una estrecha relación con Catalunya, han evitado cualquier declaración sobre la sentencia. Aunque no es extraño que el mundo financiero quiera desvincularse de opiniones políticas precisamente porque el dinero es cobarde, hay que recordar que el conflicto político llevó a estos dos bancos, los principales en Catalunya, a mover sus sedes y las llevó a territorio español, después de que el Estado sacara miles de millones de sus fondos.
"Como comprenderán, me debo a mis accionistas, a mis clientes y mis empleados, y velamos por el bienestar financiero de los mismos", ha aseverado Gual cuando ha sido preguntado por la cuestión. Por su parte, Guardiola ha sido todavía más esquivo con el tema, y ha aseverado "no tener una opinión concreta" sobre el tema.