Según los resultados de la primera edición del International Compliance Index, un informe independiente sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos de inversión comprometidos para avanzar en materia energética, España acumula multas por valor, como mínimo, de 712 millones de euros. En este listado, el Estado español va por detrás de Venezuela que es primera. Completa el podio en tercer lugar, Rusia. Los tres países son los que se han negado más veces a atender las indemnizaciones económicas que pesan sobre ellos.
De este estudio destaca el elevado número de Estados miembros de la Unión Europea que se han enfrentado a controversias sobre el TCE que han acabado en condena. De esta manera, la República Checa, Polonia, Rumania, Hungría, Croacia, Eslovaquia, Italia, Bulgaria, Alemania y los Países Bajos, completan la clasificación de las reclamaciones intracomunitarias, por daños y perjuicios, iniciadas por fondo de inversión, empresas y terceros afectados por la inestabilidad y la falta de transparencia de estos ordenamientos jurídicos, en materia energética.
Este dato llega en un momento donde el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado el inicio para retirarse del Tratado de la Carta de la Energía, un tratado europeo que protege las inversiones energéticas. De momento, pocas explicaciones se han añadido y se ha limitado a la confirmación de la noticia por parte de la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, sin hacer ningún comentario. De esta manera, España seguiría Italia que se retiró del tratado en el 2016. El tratado, en vigor desde 1998, fue diseñado para asegurar el suministro energético y otorga protección a las empresas que invierten en el sector energético. Si nos remitimos al impulso inicial de este, fue concebido originalmente para dar apoyo en el sector energético de la antigua Unión Soviética, permitiendo a los inversores demandar a los gobiernos por políticas que ponen en peligro sus inversiones.
Incongruencia europea
Durante los últimos años, el tratado ha sido utilizado tanto para empresas de combustibles fósiles, como de energías renovables de otros países europeos para demandar en los gobiernos por cambios de regulación que amenazan los rendimientos de inversiones específicas. Los gobiernos han estado trabajando en una versión actualizada que excluiría la inversión en energía basada en combustibles fósiles. A mediados de noviembre de este año, se espera una votación en el Consejo de la UE en que los Estados miembros de la UE tendrán que posicionar a favor o en contra del acuerdo preliminar para modernizar el TCE, calificado por las organizaciones ambientales como "insuficiente". Un grupo minoritario de países podrían impedir que la UE consiga una postura unitaria en esta materia, impidiendo así su ratificación final a la Conferencia anual de la Secretaría de la Carta de la Energía, que está prevista para el 22 de noviembre en Mongolia.
De momento, el efecto llamamiento ha provocado consecuencias. Los Países Bajos también han anunciado su retirada. El mandato para la Comisión Europea era alinear el TCE con el acuerdo climático de París. A pesar de muchas de las modernizaciones que están ahora en el resultado de la negociación, no vemos cómo el TCE se ha alineado lo suficiente con el Acuerdo de París". Con esta claridad ha criticado el ministro de Clima y Energía holandés Rob Jetten la falta de voluntad política de cambiar un acuerdo que significa un "grave obstáculo para la mitigación del cambio climático". Grupos ecologistas lamentan la retirada del pacto sin ofrecer alternativas y la inacción para cumplir los acuerdos.