El Ministerio de Fomento ha anunciado que está dispuesto a abonar el rescate de nueve autopistas de peaje que están en quiebra: las autopistas radiales de Madrid; la M-12, que conecta la capital con el aeródromo de Barajas; la AP-41, Madrid-Toledo; la AP-36 Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. El Estado se encargará de explotarlas hasta que a lo largo del año vuelva a ceder su gestión a empresas privadas mediante el lanzamiento de un concurso público. De esta forma los contribuyentes tendrán que pagar por unas infraestructuras que fueron muy cuestionadas desde el momento de su construcción. Muchos analistas ya preveían que no tendrían suficientes usuarios para ser rentables. En realidad, por eso las concesionarias establecieron cláusulas que garantizaban la devolución de las infraestructuras al Estado en caso de quiebra, y el cobro de la parte no recuperada de la inversión. Una estrategia que anula cualquier riesgo empresarial.
Pendientes de resolución judicial
"El Departamento está preparado para asumir las autopistas en la fecha que sea", aseguraron a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige Íñigo de la Serna. Fomento firmó el pasado un verano un convenio con su Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) por el que encomendó a esta firma tomar las autopistas quebradas a partir de este mes de enero de 2018. La fecha exacta en la que Seittsa vaya haciéndose cargo de las vías dependerá de la conclusión de los procesos concursales que cada una de ellas sigue en distintos juzgados de Madrid. "Se trata de un procedimiento que depende de los juzgados, no del Ministerio", indican dichas fuentes de Fomento respecto a la fecha estimada para el rescate. En la actualidad, todas estas autopistas, salvo la AP-41 Madrid-Toledo, están ya culminando dichos procesos, esto es, en la fase de liquidación de sus respectivos concursos. No obstante, en muchos casos, aún queda por aprobar el plan de liquidación. En el caso de la Madrid-Toledo, a pesar de ser la primera que quebró, su proceso concursal ha sido más lento y aún no ha llegado a liquidación por las dificultadas de algunas de las empresas de su sociedad concesionaria, como es Isolux, constructora también en quiebra.
Seis años de litigio
El Ministerio finalmente asumirá las autopistas casi seis años después de que en mayo de 2012, en plena crisis, comenzaran a entrar en concurso, lastradas por el desplome de sus tráficos y los problemas de deuda que les generó el sobrecoste que pagaron en las expropiaciones de los terrenos. Tras sopesar en los últimos años distintas medidas y planes para solventar su situación o rescatar las autopistas, finalmente el actual equipo de Fomento optó por asumir las vías y posteriormente volver a licitarlas.
¿Quién paga?
No obstante, el rescate de las autopistas, pese a solventar su situación operativa, abrirá un previsiblemente largo enfrentamiento judicial entre Fomento y los acreedores de las autopistas, que soportan un pasivo de 3.400 millones de euros. El origen de este conflicto será el cálculo de la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), el importe que el Estado tiene que pagar a los actuales concesionarios de las autopistas por la inversión que realizaron en su construcción. Fomento estima que será una 'factura' de unos 2.000 millones de euros, si bien los fondos que se han ido quedando con la deuda de las vías calculan, y están dispuestos a reclamar, unos 4.500 millones. Estos fondos, todos ellos internacionales, copan el 75% del pasivo de las vías. Otro 10% está en manos del ICO y el resto se reparte entre varios bancos, según informaron a Europa Press fuentes de los acreedores.
Intereses de demora incluídos
Los fondos están dispuestos a aceptar los 2.000 millones de RPA que pague Fomento, pero posteriormente litigarán hasta lograr el resto y, en caso de conseguirlo, también reclamarán los correspondientes intereses de demora. En este caso, estiman que el rescate de las autopistas "costará a los españoles" entre 220 y 330 millones de euros más. De su lado, el Ministerio confía en afrontar parte del importe que finalmente tenga que abonar por este concepto con los recursos que capte con la relicitación de las autopistas.