Después de más de tres años de negociaciones el Parlamento Europeo ha aprobado la nueva política agraria común (PAC) que entrará en vigor el 1 de enero del 2023 y se alargará hasta el 2027 que prevé una recentralización hacia los estados. Retrasada por las difíciles negociaciones y la pandemia, finalmente la reforma ha sido validada este martes por la cámara con 452 votos a favor, 178 en contra y 57 abstenciones. Con una partida un poco más limitada, la nueva PAC funcionará con planes estratégicos estatales y exigirá condiciones climáticas a los agricultores para recibir los pagos directos. El eurocomisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha asegurado que la reforma es "buena y equilibrada": "Permitirá una transición hacia una agricultura más sostenible" ha sostenido.
La política agraria común es una de las más icónicas de la UE y también de las que más recursos moviliza. Durante el periodo 2014-2020 representó más 30% del presupuesto comunitario. La reforma para el periodo 2023-2027 es uno de los grandes cambios de esta legislatura europea, aunque se pondrá en marcha dos años más tarde del previsto. En concreto, el paquete de la reforma incluye tres grandes cambios legislativos sobre los planes estratégicos, el mercado común y la financiación.
Los Estados recuperan poder
El nuevo modelo impulsado por la Comisión Europea supondrá una recentralización de la política agraria hacia los estados miembros porque parte de las decisiones que hasta ahora tomaba Bruselas se derivarán en los estados miembros. Cada país diseñará su plan estratégico para cumplir con los objetivos europeos comunes. El objetivo es que los estados tengan "más flexibilidad" para utilizar los fondos y "simplificar" la gestión de las ayudas. Algunos territorios como Catalunya o Valencia habían pedido la posibilidad de crear planes estratégicos regionales, en vez de participar en los estatales.
Ante las quejas de los eurodiputados para no tener ningún rol en el diseño de los planes, la Comisión Europea ha prometido que mantendrá la cámara informada al respecto. Bruselas evaluará los planes estratégicos de los estados y les enviará una "carta con observaciones", que también hará pública. Igualmente, se ha comprometido a compartir con el Parlamento Europeo el contenido de los planes "a finales del 2023".
Las ayudas, condicionadas climáticamente
La reforma reforzará la condicionalidad climática de las ayudas a los agricultores. Es decir, que las transferencias directas dependan del respeto por el medio ambiente de las explotaciones agrícolas. Eso se implementará principalmente a través de los llamados "ecoesquemas", una nueva tipología de ayudas destinadas a promover las prácticas agrícolas que no perjudican el medio ambiente.
Serán proyectos voluntarios, pero permitirán a los agricultores optar a más subvenciones. Al menos el 25% de las ayudas directas de la PAC se tendrán que destinar a los "ecoesquemas", el punto intermedio entre el 20% que pedían los estados y el 30% que quería la Eurocámara. Este había sido el principal obstáculo en las negociaciones, que se desencallaron con un acuerdo provisional en junio. Habrá, sin embargo, dos años de prueba en que los estados podrán destinar solo un 20%.