Las reclamaciones históricas de los catalanes para conseguir un cambio en el sistema de financiación en Catalunya tienen sus razones fundamentadas. De 9.892 millones de euros negativos a 10.427 millones de euros positivos. Este sería el cambio que se produciría en las finanzas catalanas si Catalunya disfrutara del mismo sistema fiscal que el País Vasco y se acabara con la solidaridad catalana con el resto de territorios. De hecho, quedaría así si todos los territorios del Estado tuvieran un concierto económico.
Así se desprende de unos datos facilitados por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y recogidas por el Colegio de Economistas de Catalunya, que compara el sistema actual de cada territorio del estado español con un hipotético escenario de redistribución de las balanzas fiscales.
De estas cifras se desprende que sólo Catalunya saldría ganando. Y mucho. Mientras que el resto de territorios perderían puestos de trabajo y la redistribución de rentas caería, Catalunya ganaría 201.863 puestos de trabajo e incrementaría su Producto Interior Bruto (PIB) en un 5,2%. El actual gira entorno el 19%.
Sobre la redistribución de las rentas, es decir, sobre cómo se distribuyen los recursos materiales surgidos de la actividad económica de un territorio, aunque, en algunos casos, se produzca una desigualdad en el ingreso de estos recursos. Es el caso de Catalunya que, si tuviera su propio sistema de financiación, incrementaría la redistribución directa de rentas de flujos comerciales en 20.319 euros, mientras que la indirecta caería en 9.986 euros. Eso acabaría dando un balance positivo de 10.333 millones de euros, tal como ha calculado el Consejo General de Economistas (a partir de la página 60).
Con un cambio del sistema de financiación, todos los territorios del estado español perderían en redistribución de la renta y en PIB. Todos menos Catalunya, que saldría beneficiada de manera considerable. Madrid sería el territorio que perdería más puestos de trabajo, concretamente 82.759, mientras que el total del conjunto de España sería de 32.565 por los más de doscientos mil puestos de trabajo que ganaría Catalunya.
La capital española sería la que saldría más maltrecha con respecto al empleo ya que vería cómo se le escapan 1 de cada 3 puestos de trabajo, es decir, perdería un 35% del total del estado español. Mientras tanto, Ceuta y Melilla sería el territorio que más PIB perdería, concretamente un 4,3%. Si se restan todos los porcentajes negativos del único positivo que es el catalán, se extrae que el conjunto del Estado acabaría perdiendo un 0,1% del PIB. Incluso, el País Vasco perdería con un cambio de financiación en Catalunya similar al suyo.
En caso de independencia, el resto de territorios tendrían mucho a perder. Ahora bien. El Consejo General de Economistas no se ha querido mojar mucho en esta cuestión y lo justifican bajo el argumento que se trata de un debate "salpicado de intencionalidad política en una hipotética situación que no consideremos factible, al menos en un horizonte temporal limitado". Y es que, aseguran, "las ansias independentistas [...] no acaban con la celebración de unas elecciones ni la interrupción de la aplicación del artículo 155 de la Constitución" y, por lo tanto, "la incertidumbre continuará".