Continúa la batalla de las patronales con la Cambra de Comerç de Barcelona. Los presidentes de Foment del Treball y Pimec, Josep Sánchez Llibre y Josep González, respectivamente, han entregado este jueves un informe a la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, que "demuestra la inviabilidad jurídica" de la propuesta del Consejo de Cámaras de Catalunya.
El documento, elaborado por el abogado Manuel J. Silva, mantiene que el borrador presentado por el ente cameral "desborda la legislación actual" en tanto que "pretende la atribución por ley en las Cámaras de Comercio de la representación universal, máxima, institucional y oficial, ordinaria o natural, ante las administraciones públicas y el mundo empresarial".
Según el documento del letrado, estas atribuciones "exceden con creces las finalidades que tanto la Constitución como la legislación básica asignan a las Cámaras de Comercio". Además, considera que la atribución de la representatividad "se hace en detrimento del papel que el ordenamiento jurídico otorga a las asociaciones u organizaciones empresariales.
A través de un comunicado, Foment del Treball y Pimec han recordado que las patronales están reconocidas en la Constitución española, así como en el Estatuto de los Trabajadores y la misma Ley Básica de Cámaras. Según el informe, la propuesta altera el contenido de la atribución de funciones definidas a las legislaciones catalana y estatal "desde una perspectiva en algunos casos exorbitante".
La entrega de este informe constituye un nuevo capítulo en el intercambio de recriminaciones entre las patronales y la Cambra de Comerç. A finales de enero, el presidente de Pimec, Josep González, tildó el borrador presentado por las cámaras de "despropósito" porque "pone en cuestión la representatividad legítima" de CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec. Asimismo, advirtió que la "correcta relación" entre las cámaras de comercio y las patronales se estaba "rompiendo".
Por su parte, el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, reiteró que la ley no quería "invadir ningún tipo de competencia", sino dotar de "representatividad" a estas corporaciones en "áreas claves para el empresariado".
En el comunicado de este jueves, Foment del Treball y Pimec han lamentado la existencia de este "conflicto institucional" y han instado en el Consejo de Cámaras a hacer una "reformulación en profundidad" de la propuesta.